Bajo la lluvia y el intenso frío, decenas de personas migrantes veían este lunes cómo varias máquinas protegidas por la Guardia Civil y la Policía Local de Níjar (Almería, 26.126 habitantes) destruían el poblado chabolista Walili, donde muchos residían desde hace varios años. “Nadie nos quiere alquilar una habitación, la única opción era vivir aquí”, sostenía Mamadou, joven senegalés de 25 años y vecino del campamento desde 2017. Sus palabras son la clave para entender lo que supone esta demolición, que es la punta del iceberg de una situación que afecta a unos 3.000 migrantes que habitan en alrededor de medio centenar de asentamientos solo en esta comarca almeriense. Son parte de la mano de obra que sostiene el milagro económico de los invernaderos, que en esta comarca han duplicado su superficie en 20 años, pero las entidades sociales creen que nadie ha reparado en ellos y su precaria situación se vuelve invisible desde hace años.

“La agricultura intensiva se ha desarrollado solo teniendo en cuenta las hectáreas de invernaderos, no los trabajadores que hacen falta para mantener la actividad”, afirma Fernando Plaza, enfermero, docente de la Universidad de Almería y que ejerce como portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “¿Cómo se pueden crear tanta superficie nueva y que nadie piense en las viviendas necesarias para los empleados?”, se pregunta en la misma línea Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia. Según explican ambos, muchos de quienes trabajan bajo el plástico y mantienen esta industria no tienen quién les alquile un piso. No tienen más remedio que malvivir compartiendo colchón en una habitación, en garajes donde conviven varias personas o levantando chabolas con madera, cartón y plástico en asentamientos como Walili, reducido ya a escombros por la piqueta.