El funeral de Tyre Nichols, el joven afroamericano de 29 años muerto a principios de mes como consecuencia de la brutalidad policial, ha querido ser una celebración de su vida, más que una lamentación de su muerte. Pero eso no ha implicado que la familia haya desaprovechado la ocasión, retransmitida por los principales medios de comunicación del país, para reclamar una reforma de la ley federal que rige las conductas permitidas a la policía de Estados Unidos, cuya cultura del exceso ha ocasionado el enésimo caso mediático de crueldad ante el indefenso.

“Tenemos que conseguir que se apruebe ese proyecto de ley, porque si no, la sangre del próximo niño que muera va a estar en sus manos”, ha proferido entre lágrimas RowVaughn Wells, la madre de Nichols. Durante el primer año de presidencia de Biden, pocos meses después del asesinato de George Floyd, el mandatario intentó aprobar la mencionada ley, pero se estancó en el Senado por el bloqueo republicano, después de ser aprobada en la Cámara de Representantes. Al año siguiente, el proyecto de ley se volvió a estampar contra un muro legislativo. Ahora, después de un caso particularmente gráfico de excesos policiales, la reforma policial ha vuelto a ganar momentum.

Entre los asistentes al funeral de este miércoles, había familiares de otros afroamericanos muertos a manos de agentes de policía, que han reverberado en EE. UU. durante los últimos tres años. Como Tamika Palmer, la madre de Breonna Taylor, quien recibió un disparo mortal en su casa de Kentucky el marzo del 2020, durante una redada policial. O Philonise Floyd, hermano menor de George Floyd, la muerte del cual, ahogado con la rodilla de un policía durante nueve minutos, provocó protestas masivas por todo el país a partir de mayo del 2020. 

“Continuaremos luchando hasta que haya rendición de cuentas para todos los policías”, ha dicho el cura Al Sharpton, que se ha encargado de leer el elogio a Tyre Nichols, como él mismo ya hizo hace dos años en el funeral de George Floyd. “Si se hubiera tratado de un hombre blanco, no lo habrían golpeado así”, ha asegurado, enmarcando el caso en el racismo institucional que impera en muchos cuerpos policiales norteamericanos, más allá del hecho que cinco de los siete agentes implicados fueran negros.

También ha acudido a la ceremonia – celebrada en la iglesia cristiana Mississippi Boulevard, en Memphis – la primera vicepresidenta afroamericana en la historia del país, Kamala Harris, así como otros altos cargos de la administración Biden, quienes han querido lanzar el mensaje de que este es un asunto que preocupa al gobierno federal, a diferencia de a su predecesor. “La gente de nuestro país llora por vosotros”, ha dicho Harris a la familia de Nichols. “Perdisteis a vuestro hijo y a vuestro hermano por un acto de violencia a manos de aquellos a quienes se les había encargado mantenerlo a salvo”. 

Durante su discurso, Harris ha pedido al Congreso que se ponga las pilas y apruebe la ley de la reforma de la policía, que hace años reclaman activistas de todo el país: “Como vicepresidenta, exijo que el Congreso apruebe la Ley de Justicia y Vigilancia de George Floyd. No podemos admitir más retrasos. No es negociable”, ha dicho. La norma busca crear un registro nacional de las malas conductas de los agentes policiales, así como homogeneizar las reglas establecidas por los casi 20.000 departamentos judiciales que hay en todo el país. Por ejemplo, la propuesta de ley, que lleva el nombre de George Floyd, prohibiría el estrangulamiento como práctica para inmovilizar a un detenido.

En las dos ocasiones en que ha sido presentada esta iniciativa legislativa, los demócratas tenían mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero no lograron aprobarla. Después de las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, que devolvieron la mayoría de la Cámara de Representantes al Partido Republicano, lo tendrán más complicado todavía. Los conservadores presentaron durante la campaña electoral esta ley como un intento demócrata para retirar la financiación a la policía, una percepción que fue reiterada por Donald Trump durante el primer acto de campaña para las primarias, el pasado sábado.

Tras la condena casi unánime – incluido Trump – de lo acontecido con Nichols, con el clima de opinión favorable, ahora el gobierno de Biden podría encontrar una rendija de esperanza para un acuerdo bipartito que, si bien con alguna concesión, limitara el poder de la policía de golpear a discreción contra el indefenso. De hecho, se espera que el próximo 7 de febrero, durante su segundo discurso del Estado de la Unión, Biden centre su intervención en la necesidad de tirar adelante esta demanda.

Desde que salió publicado el video hace menos de una semana, las investigaciones en curso han podido confirmar la implicación dos agentes más, que han sido destituidos del cargo, junto con los cinco identificados inicialmente, y están siendo juzgados por asesinato de segundo grado. Además, tres bomberos que se habrían saltado los protocolos también han sido destituidos. En estos días, la unidad especial de policía Scorpion, a la que pertenecían algunos de los agentes agresores, ha sido desmantelada por la policía de Memphis.

Esta rápida respuesta ha sido del agrado del abogado de la familia, Ben Crump, quien ha dicho este miércoles que el caso debería servir como precedente de cara al futuro. “Ya no pueden decirnos, cuando tenemos pruebas en vídeo de que nos han maltratado, que van a tardar seis años, o tres años, como ocurrió con Laquan McDonald. No, no, no. Veinte días (pasaron hasta la destitución de los agentes). Vamos a empezar a contar. Podemos contar hasta veinte y cada vez que maten a uno de nosotros en vídeo, vamos a recordar que el legado de Tyre Nichols fue que tuviéramos una justicia igualitaria y rápida”.