No es lo mismo la acogida de personas solicitantes de asilo y protección internacional que la de las personas migrantes. En el primer caso, existe la obligación legal y ética de acoger y la competencia, hoy, es exclusiva del Gobierno de España. En el segundo, existe la obligación ética y la competencia es compartida entre la arquitectura institucional española y vasca, sanidad, educación, empleo, vivienda… En 2021, en Euskadi hubo 1.725 personas solicitantes de asilo, el 2,6% del total de demandas en España. En una década hemos multiplicado por 25 el número de solicitantes, mientras que en Euskadi se ha multiplicado por 15.

Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) viene advirtiendo de que vivimos en una crisis de personas refugiadas de escala mundial. Sólo en el último año la cifra creció un 15%. Esto nos obliga a entender que deberemos ejercer más veces nuestra obligación ética de dar cobijo a estas personas. Las situaciones de emergencia van a seguir repitiéndose y debemos estar preparados para ayudar a una población de la que desconocemos tanto su origen como su número.

La crisis de personas refugiadas ucranianas nos dibujó, de nuevo, nuestras carencias y realidades. España organizó el sistema de acogida de forma coyuntural, pero no estamos preparados para recibir de urgencia y de forma inmediata a un contingente s tan elevado y en tan poco tiempo. Precisamente por la ausencia de un modelo de intervención que vivimos en las crisis de Siria, los socialistas en la Diputación de Bizkaia pusimos en marcha un modelo coordinado y a pequeña escala que ha atendido a más de 700 personas desde 2016. Siempre desde la complementariedad con las demás instituciones. Pero Euskadi sigue sin estar preparada. El llamamiento en la crisis de Ucrania por parte del Gobierno Vasco para organizar la colaboración interinstitucional y la solidaridad civil visibilizó nuestras carencias. Un correo electrónico y un teléfono desde la dirección de Inmigración del Ejecutivo autonómico como vías de contacto para poder poner a disposición de la Administración vasca la solidaridad de la sociedad no puede considerarse un modelo.

No debe formar parte del juego electoral lo que corre el riesgo de despertar sentimientos xenófobos
La movilización ciudadana para acoger a personas refugiadas es necesaria para algunas fases y atenciones, pero debe hacerse con un sólido respaldo institucional, técnico y material y sin transferir la responsabilidad de los derechos a la sociedad civil. Debe ser responsabilidad pública, que puede ir acompañada por la iniciativa ciudadana, el entramado asociativo y el tercer sector social. No podemos sentirnos orgullosos de ese modelo de acogida, con personas en domicilios particulares cedidos por una ciudadanía magnifica, en espacios comunitarios como hoteles y en toda suerte de recursos improvisados, como el seminario de Derio. No había modelo de acogida vasco, sino un enjambre de intervenciones descoordinadas entre sí.

Corresponde a la Administración la acogida inmediata y provisión de servicios y no puede fiarse a la existencia de viviendas libres, sino a un centro de acogida inicial que sirva para procesos de reorientación, recuperación y trabajo de inserción en la sociedad acogedora. Eso es lo que quiere organizar el Gobierno de España. Un servicio de atención y acogida inmediata, que suponga la primera intervención y permita trabajar la derivación y ubicación de las personas con tiempo y criterio. Y, aún así, seguramente nos quedaremos cortos.

No puede cuestionarse el tamaño del centro y denominarlo despectivamente ‘macrocentro’ porque ya existen otros cuya filosofía de trabajo es la misma. Son espacios comunitarios para alojarse, no viviendas familiares, los recursos de los que el propio Gobierno Vasco es titular en Berriz, Tolosa u Oñati o incluso el de tránsito en Irun. Y su posible impacto en municipios pequeños es muy superior al centro proyectado para Vitoria. Lo importante no es tanto el tamaño como que la intervención sea eficiente y cuente con recursos.

En el marco de sus competencias exclusivas, el Gobierno de España siguiendo las recomendaciones europeas decide instalar un centro en una comunidad rica y acogedora como la nuestra, como va a hacer en otras. La lealtad interinstitucional y la colaboración tienen que ser recíprocas, respetando las competencias y no con una crítica política en un asunto tan delicado.

Decía la consejera Artolazabal que los gobiernos vasco y de España están «condenados» a entenderse también en políticas migratorias. No están condenados a entenderse. Esto no debe formar parte del juego electoral, como ustedes lo han enfocado desde el primer momento, con el riesgo de despertar sentimientos xenófobos, como vivió en tiempos pasados la misma Vitoria-Gasteiz.

Estamos ante una realidad de personas que sufren y podemos volverla de nuestro lado, haciendo pedagogía porque es de derecho y es vital para la sociedad. Por ello, animamos a ver la colaboración interinstitucional como una suerte. Poder trabajar juntos para que la sociedad vasca sea un ejemplo de acogida y de integración. Ahí, señora consejera, estaremos todas porque nos jugamos mucho.