La utilización de la inmigración como argumento electoral y como criterio de exclusión y confrontación para obtener réditos políticos no es lo más constructivo en nuestra democracia. Estigmatizar a los extranjeros, en este caso a la amplia comunidad islámica residente en España por el hecho de que un aparente perturbado haya asesinado a sangre fría a un sacristán en Algeciras, no tiene ningún sentido. Y es injusto tomar el todo por la parte. En nuestro ordenamiento hay ya consagradas normas de convivencia razonables que todos los partidos deben respetar sin utilizar un crimen execrable a medida de una ideología o de otra, o en beneficio de sus planteamientos partidistas. Sin embargo, sería hacerse trampas al solitario negar varias evidencias que pueden llegar a trastocar la tolerancia y la coexistencia pacífica. Ser realistas con los conflictos que genera a veces la inmigración descontrolada no tiene nada que ver con racismo o xenofobia, que es el argumento de confrontación que utiliza la izquierda antisistema contra quien no comparte sus postulados.

Por eso es legítimo preguntarse por qué un ciudadano de Marruecos llegado a España de manera ilegal, sin la documentación pertinente para poder residir en nuestro país, y con una orden firme de expulsión, puede pasar ocho meses en un limbo jurídico-administrativo sin que se cumplan las resoluciones firmes para el regreso a su país. En España apenas se ejecutan un tres por ciento de las órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares, hayan delinquido o no. Y afortunadamente, en la inmensa mayoría de los casos nunca ocurre nada grave que perturbe la paz social. Sin embargo, basta con que haya una excepción, en este caso el asesinato de un sacristán que ya se investiga en la Audiencia Nacional como un delito terrorista, para que se genere alarma social. Este asesinato no ha respondido solo a un infortunio, sino a la fatalidad de que quien no debía, por criterios de legalidad, estar residiendo en Algeciras, lo hacía y además se fanatizó en pocas semanas con ideas salafistas que finalmente le movieron a matar.

Este caso reabre un debate que ningún gobierno ha conseguido resolver. El del control de la inmigración ilegal es un desafío difícil. Lo mismo ocurre con los llamados menas, menores no acompañados, a los que asiste lógicamente un sistema de protección social. Pero es un dato objetivo el aumento de los índices de delincuencia entre este colectivo, y que cientos de inmigrantes en situación irregular no pueden ser devueltos a su país porque les beneficia un armazón burocrático en España de interminables tramitaciones. Las expulsiones indiscriminadas no son propias de un régimen de libertades. Pero las discriminadas por la propia ley, sí, porque la ley ha de cumplirse para que no pierda su efecto cuando establece con claridad los requisitos para permanecer en España.

Vigilar a todo sospechoso de radicalización es metafísicamente imposible. Los tribunales no dan abasto con la multitud de expedientes de expulsión pendientes de resolver y tampoco hay medios policiales suficientes. Las Fuerzas de Seguridad apenas se bastan paran identificar a quien llega a nuestro país con antecedentes potencialmente peligrosos y los servicios sociales y asistenciales se ven sobrepasados. Eso no es justificación para que las expulsiones acordadas no se tramiten en tiempo y forma porque, es cierto, evitaría en algunos casos males mayores. Cumplir la legalidad no es ningún demérito hacia una inmigración imprescindible en un país con un problema demográfico tan sensible como el que padece España. Es solo dar valor y vigencia precisamente a una ley ideada para protegernos a todos.