Detrás de la clásica imagen de bares de la Parte Vieja donostiarra atestados de turistas en torno a las suculentas barras, repletas de pintxos, había una terrible historia de explotación laboral. Tres personas han sido detenidas por explotar a 21 trabajadores, migrantes en situación irregular, a los que hacían trabajar más de 12 horas al día de lunes a domingo, sin librar. El propio empresario hostelero que regentaba los locales, al que también se le imputa un fraude a la Seguridad Social de 80.000 euros, se había encargado de atraer a Gipuzkoa a los empleados, con la promesa de regularizar su situación.

Este hostelero es el dueño de los locales la Esquina de Senra y el bar Senra, dos establecimientos de la Parte Vieja donostiarra en los que cometían las presuntas irregularidades (no tienen ninguna relación con el Casa Senra, del barrio de Gros). Se trata de un empresario conocido en el sector hostelero que acumulaba varias denuncias por incumplir la normativa de terrazas o por adeudar dinero a la Seguridad Social, y que incluso fue condenado por amenazar a una funcionaria del Ayuntamiento de San Sebastián.

También han sido detenidos en la operación, llevada a cabo por la Policía Nacional, un contable que tenía pleno conocimiento de este caso de explotación laboral y un trabajador, de origen migrante, que ejercía de encargado de los establecimientos.

Una denuncia
La investigación se inició a partir de la denuncia de un trabajador recién contratado, cursada en noviembre del pasado año. Este ciudadano denunciaba, básicamente, que en dos res taurantes de Donostia, ambos regentados por el mismo empresario hostelero, había varios ciudadanos extranjeros trabajando en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos.

Pocos días después, como consecuencia de la denuncia, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron una inspección en sendos establecimientos. En uno de ellos encontraron a 12 trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo, mientras que en el otro los trabajadores explotados eran nueve, en las mismas condiciones que sus compañeros en el otro local.

La investigación descubrió también que, efectivamente, los dos locales pertenecían al mismo empresario, que contaba con dos colaboradores imprescindibles para sacar adelante el negocio: el contable y el encargado de los dos establecimientos.

El modus operandi
Las pesquisas también indagaron en el modus operandi y descubrieron que muchos de los trabajadores habían llegado a San Sebastián atraídos por el propio empresario. Presuntamente, les atraía con suculentas ofertas de trabajo y con la promesa de regularizar su situación.

Les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social. El encargado se ocupaba se sofocar cualquier queja en torno a sus condiciones laborales recordándoles su condición de trabajadores irregulares.

Según han indicado desde la Policía Nacional, los trabajadores eran obligados a trabajar 12 horas diarias o incluso más, de lunes a domingo, recibiendo un salario 1.068 euros mensuales. Igualmente, a partir del verano pasado, les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.

Los detenidos, una vez han prestado declaración, se encuentran a la espera de juicio, en libertad y sin medidas cautelares. Mientras, se ha activado el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de explotación, informando a las víctimas de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento.