POR segundo año consecutivo, las estadísticas confirman lo que cualquiera puede comprobar en la calle: que la presión migratoria sigue creciendo en España de forma muy intensa. Más de 650.000 personas se empadronaron en el país en el 2005, cifra que se suma a los 700.000 del 2004. Con ello la población española aumenta hasta los 44,39 millones de habitantes, cuatro millones de ellos – un 8,7%- extranjeros. Catalunya, que ha llegado a los siete millones de habitantes, es la comunidad donde hay más inmigración. En concreto, 866.800 extranjeros, un 12,20%.

Lo ideal sería que el proceso de llegada de inmigrantes, que ciertamente ha sido necesaria – al menos hasta ahora- para cubrir la elevada demanda de mano de obra de la economía, se produjera de forma ordenada, que cada uno pudiera tener sus documentos y que los sin papeles fueran expulsados del país. Pero la realidad, como se ve día a día, es muy diferente.

Un crecimiento de la inmigración tan grande y tan acelerado en el tiempo como el que se produce en España desborda cualquier mecanismo de control. Así, un año después de haber regularizado ejemplarmente a cerca de 600.000 trabajadores extranjeros, las estadísticas apuntan que hay todavía como mínimo otros 800.000 sin papeles – muchos recién llegados-. Y eso en el mejor de los casos, ya que hay interpretaciones que aumentan esa cifra en 500.000 personas más.

De entrada hay que decir que, en contra de lo que se piensa, la mayoría de la inmigración no entra en pateras ni en cayucos, sino por Barajas y por los Pirineos, y que, en un país como España, que recibe más de 55 millones de turistas al año, controlar la entrada de inmigrantes ilegales en sus fronteras es muy difícil con los medios actuales. Si a ello se suma que somos la economía europea que más crece y que más empleos crea – unos 900.000 al año-, resulta que tenemos un potente efecto llamada para millares de ciudadanos del mundo, que vienen a buscarse la vida y a quedarse si lo consiguen.

El fenómeno, pese a que desborde todas las previsiones, exige una combinación de mayores medidas de control, desde las fronteras hasta la inspección laboral, junto con la contundente expulsión de todos los que estén en situación irregular, previa la pragmática regulación de los que tengan trabajo. No hay que desistir en el empeño de canalizar la inmigración a través de los flujos legales, ya que en la medida en que esté regulada, se podrán afrontar mejor las crecientes necesidades de educación, sanidad y protección social del país.