Como es habitual a principio de este año hemos vuelto a tropezar de nuevo con la misma piedra en las políticas migratorias y en concreto en el sistema de protección a la infancia. Dicho sistema acaba de dejar, a fecha de 1 de enero de 2023, a cientos de jóvenes migrantes que tiene acogidos en sus centros en una situación de vulnerabilidad y de escasas posibilidades de inclusión en nuestra sociedad.

Y esto no es sólo la opinión personal de quien escribe, sino que ya lo advierte en diferentes regiones de España los operadores que están sobre el terreno, como por ejemplo la Iglesia de Canarias, cuya comunidad ha tenido este año pasado el desafío de atender con calidad a 2.235 jóvenes adolescentes.

Y es que esto ya lo sabemos. A un porcentaje importante de estos menores atendido por toda España no les da tiempo a regularizar su situación antes de cumplir los 18 años de edad, por lo que terminan en situación de calle. En muchos casos, sin la madurez, capacitación, ni apoyos suficientes para una vida autónoma y un acceso al mercado laboral.

Ya les digo, este fenómeno no es para nada nuevo ni para los operadores que gestionan los centros de protección, ni para los que nos dedicamos a las políticas migratorias, ni tampoco para los gobiernos regionales donde tiene más impacto esta migración, ya que lleva pasando en nuestro país al menos desde finales de los años 90 del siglo pasado.

Esta situación se produce porque muchos menores migrantes, fundamentalmente de origen marroquí, están dados de alta en el registro civil el primer día de su año de nacimiento. Es costumbre en un país como Marruecos, de cultura musulmana, no dar importancia al día de nacimiento ni al cumpleaños; por eso, los recién nacidos son inscritos mucho después de su nacimiento en el Registro Civil y, ante la imposibilidad de que los padres se acuerden del día exacto, los registran el día uno de enero de ese año en curso.

Dicho acto administrativo tiene un impacto importantísimo en el sistema de protección de menores, ya que muchos de los menores migrantes atendidos en los centros cumplen la mayoría de edad ese día, y de no estar regularizados, no pueden ser atendidos en centros para jóvenes extutelados, por lo que el sistema los deja en la calle.

Este es el caso de todos aquellos menores de edad que son acogidos en el sistema de protección de las diferentes comunidades autónomas que han nacidos en 2005, que a partir de este primero de año ya no pueden vivir en los centros que los atienden.

Esta situación se agrava en territorios como son las Islas Canarias, Andalucía, o este año parte del Levante español, donde quedan en un estado de vulnerabilidad, tienen que sobrevivir a esa situación, y donde en muchas ocasiones se hace la vista gorda para que estos jóvenes, acaben diluyéndose en otros territorios.

Como ven, comenzamos el año con una situación conocida, fruto de una falta de una verdadera coordinación y una política migratoria que se repite año tras año creando alarma social.

JOSÉ CARLOS CABRERA, CONSULTOR DE POLÍTICAS MIGRATORIAS