Trabajaban los siete días a la semana, de lunes a domingo, en jornadas de 12 e incluso más horas en dos restaurantes de Donostia, donde les hacían firmar contratos mensuales de formación con la promesa de regularizar su situación. Les prometían que les darían de alta en la Seguridad Social, aunque luego eran aleccionados para que dieran otra filiación si eran sometidos a una inspección de trabajo. En total, 21 personas estaban siendo explotadas laboralmente en estos dos locales de la capital guipuzcoana, según ha concluido una investigación de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional, y que ha llevado a la detención de tres personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. Los investigados han defraudado 80.000 euros, según informa la Policía Nacional en una nota, donde no facilita los nombres de los locales implicados.

La investigación se inició en noviembre del 2022, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa puso en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros de San Sebastián la denuncia de un ciudadano informando que en dos restaurantes de Donostia, ambos regentados por el mismo empresario, había varios ciudadanos extranjeros trabajando en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos.

Como consecuencia de esta denuncia, el 9 de noviembre del año pasado la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron una inspección en sendos establecimientos, hallando en uno de ellos a doce trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo, y en el otro a nueve trabajadores más en las mismas condiciones que los anteriores.

Ante ello, los investigadores continuaron con sus pesquisas, determinando que, tal y como constaba en la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los dos restaurantes eran regentados por el mismo empresario. Asimismo, descubrieron que la contabilidad era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero, de origen hispanoamericano, que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes.

Simultáneamente, supieron que muchos de estos trabajadores habían venido a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales. Así, cuando llegaban a San Sebastián, el dueño les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de sofocar la más mínima queja recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les estaban haciendo dándoles empleo.

En este sentido, les obligaban a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, pagándoles 1.068 euros mensuales. Igualmente, a partir del verano pasado, les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.

Les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo preguntaba por ellos
Ante ello, los investigadores activaron el protocolo marco de protección de víctimas de explotación, informándoles de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, el 12 de enero se procedió a la detención de los tres investigados, que, tras prestar declaración en comisaría, pasaron a disposición judicial, y en la actualidad se eencuentran a la espera de juicio.