EL relato de la denuncia por los abusos de unos policías en el centro de inmigrantes es, probablemente, de lo más nauseabundo de un tiempo a esta parte. Todo en ese escenario resulta lóbrego: inmigrantes taciturnas al borde del billete de vuelta, polis con un sentido pútrido de su función, las sombras del turno de noche sin ninguna funcionaria allí… De ser cierto, y bien puede serlo, no cabe la menor retórica de justificación, y tanto menos en un país donde los inmigrantes ya suman la décima parte de la población. Sin embargo, tampoco se puede perder de vista que estas inmigrantes, siendo la parte débil de la historia, de hecho muy débil, con esa denuncia obtienen un beneficio claro ya que, a punto de ser expulsadas, así evitan la salida y prácticamente se garantizan la continuidad aquí. Va de suyo que la desesperación del inmigrante da para todo: cruzar el mar en una patera expuesta al naufragio, hipotecarse con lo que no se tiene, arriesgar a la familia, morir de cualquier manera e incluso matar, de modo que ¿no es también posible tramar una denuncia falsa? Por supuesto, la pregunta admite un sí como respuesta, pero sobre todo da margen a la duda, y la duda es una obligación ética de la inteligencia evitando las simplezas categóricas del dogmatismo.

Desde luego la mera sospecha de que hubiese abusos sexuales de los policías en una posición tan prevalente como tener las llaves del calabozo de un centro de internamiento de mujeres poco antes de su expulsión del país, resulta repugnante; pero la posibilidad de que los hechos no fuesen así o no exactamente así, aconseja no encender la pira antes de tiempo. También los policías tienen derecho a la presunción de inocencia, no más que los demás, pero tampoco menos. Y esa sí que es una asignatura pendiente en España para convalidar su cultura democrática con Europa. El encarcelamiento preventivo es una medida cautelar para evitar la destrucción de pruebas o la alarma social – como ocurre con la Operación Malaya – pero no presupone la culpabilidad de los encausados ni anticipa sus condenas. Sin embargo, incluso un preventivo, con poner un pie en la cárcel, está ya condenado para la opinión pública. Con los policías de este caso ya ha empezado a ocurrir eso. Son sospechosos de un delito repugnante, pero de momento sospechosos. Ni siquiera hace falta especular con el beneficio de las denunciantes para proclamar el sacrosanto derecho a la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.