La anunciada apertura de un centro para refugiados en Vitoria por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha desatado el choque más virulento entre el PNV y el PSE desde que hace una década comparten el control de las principales instituciones de Euskadi. Los nacionalistas, molestos porque la medida no ha sido objeto de un consenso previo, advierten del supuesto riesgo de que una instalación «masificada» de 350 plazas se transforme en un «gueto» y defienden el «modelo vasco» con grupos de menor dimensión que favorezcan una atención individualizada y procesos de integración social. Mientras el Gobierno central sostiene que su propuesta garantiza un tratamiento de esa índole, el líder socialista Eneko Andueza ve «xenofobia» en el discurso de los jeltzales, que cree cercano al de «la más rancia derecha y extrema derecha» en una escalada verbal que por momentos recuerda la crispación política en Madrid.

Más de 100 millones de personas están desplazadas en todo el mundo para huir de guerras, hambrunas y violaciones de los derechos humanos, según Acnur. Esa cifra se ha duplicado en una década, lo que redobla la presión sobre la comunidad internacional para responder a un drama ante el que no puede permanecer insensible. El centro de Vitoria es uno de los ocho nuevos previstos en España ante la imperiosa necesidad de reforzar la capacidad de acogida temporal por el vertiginoso incremento de la demanda, agudizado tras la invasión de Ucrania. Ciertamente, locales de menor tamaño posibilitan un trato más personalizado. Pero la escasez de plazas disponibles y las urgencias existentes no permiten despreciar sin más complejos de ese tipo, en los que también es posible garantizar una atención de calidad si cuentan con los recursos adecuados.

Resulta inevitable vincular la polémica con la próximas elecciones, en las que las encuestas vaticinan un enconado pulso por la Alcaldía de Vitoria entre el PNV –Beatriz Artolazabal, consejera de Políticas Sociales, es su candidata– y el PSE. Sobre el caso planea, además, el hecho de que las competencias sobre migración y asilo están pendientes de traspaso a Euskadi, cuyas infraestructuras para acoger refugiados son muy inferiores a la sensibilidad que sobre la materia exhiben los discursos oficiales. Sería deseable un acuerdo sobre el centro, cuyo buen funcionamiento también depende de la implicación de otras administraciones, y evitar cualquier amago de estigmatización.