El Gobierno español ha levantado una enorme polvareda con su decisión unilateral de abrir un macrocentro de refugiados en Gasteiz, ante el rechazo de las principales instituciones vascas y las asociaciones que trabajan en ese ámbito, como Cáritas y Zehar Errefuxiatuak, que cuestionan el modelo de los centros masificados. La consejería vasca de Políticas Sociales quiere proporcionar una atención digna a esas personas, cuestiona que este macrocentro sea la vía y pide información. Quiere que el Estado le informe de inmediato sobre sus planes para abrir este macrocentro en Gasteiz con 350 plazas, un centro abarrotado que podría dejar en el alambre la atención individualizada, y que se sitúa a las afueras de la localidad y cae en el riesgo de “guetización”. Tras los primeros recelos que trasladó en público el portavoz Bingen Zupiria, Beatriz Artolazabal ha anunciado que el martes envió una carta al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, para solicitarle información sobre la licitación de las obras en la clínica Arana, que lleva años desocupada. La intención de la consejería es convencer al Gobierno español de que esa no es la vía y, si el Estado se decide a ejercer su competencia exclusiva sin miramientos y ejecutar las obras, Artolazabal plantea “complementar” desde el modelo vasco y solucionar las carencias en las que pueda incurrir el Estado, como ya ocurrió recientemente con el plan de contingencia para acoger a los ucranianos.

Por su parte, fuentes del Ministerio consultadas por este periódico, incómodas con esta polémica, matizan que este centro también tendrá como modelo la atención individualizada, que busca la integración gradual de las personas, y que los centros estatales cuentan con la evaluación permanente de los organismos internacionales. No dan señales de dar marcha atrás. El Estado es quien tiene la competencia en inmigración y, además, este centro y otros siete en el Estado correrán a cargo de los fondos europeos, pero no deja de llamar la atención que esta decisión la tome contra el criterio del PNV cuando habían arrancado de manera preliminar las conversaciones sobre la transferencia de migración. Esta situación comienza a recordar a la que sufrieron las prisiones vascas, muy maltrechas en el momento de recibir la transferencia de la competencia para gestionarlas, y que siguen siendo motivo de esfuerzos para cubrir los vacíos desde la consejería.

El polvorín socialista
Esta polémica llega en un momento muy delicado, en puertas de las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, y estalla en el corazón de Gasteiz, la capital donde los socialistas podían tener mayores opciones, y donde ahora podrían verse perjudicados por un modelo que recuerda más al carácter semipenitenciario de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) que a una acogida en comunidad, y que puede trasladar la sensación de que el Estado se encuentra superado por las circunstancias. La gestión de la inmigración se ha convertido en un polvorín en el Ministerio de Escrivá, con seis directores de atención humanitaria en tan solo tres años. El último de ellos acaba de ser nombrado este martes, Carlos Mora.

El Ministerio asegura a este periódico, sin embargo, que su sistema es la atención individualizada, con tres fases. Hablan de una valoración inicial con entrevista para conocer si tienen hijos y sus necesidades, tomar la decisión de derivarlos a un recurso u otro, llevar a las familias a pisos, realizar un acompañamiento con clases de español, asesoramiento laboral y apoyo psicológico, etc. Es un modelo que dicen que se cumple y que los estándares de sus centros “están por encima de los recogidos en la Guía de Acogida” de la agencia de asilo de la Unión Europea. Defienden que ha habido un diálogo continuo con las instituciones vascas y que conocían el proyecto hace meses.

Un “comentario informal” de Escrivá
Por su parte, Artolazabal dejará su puesto en la consejería en la primera quincena de febrero, pero a partir de ahí tendrá que lidiar con este asunto como candidata a la alcaldía de Gasteiz del PNV. Ha marcado una posición que recalca su apuesta por la acogida, pero defiende un modelo propio personalizado y también la transferencia de la competencia para conceder las autorizaciones iniciales de trabajo.
El Ejecutivo de Urkullu tuvo conocimiento de las intenciones de Escrivá a través de un “comentario informal” que le realizó el año pasado y que, de la noche a la mañana, se ha convertido en realidad: la licitación de obras ha causado sorpresa e indignación porque se ha aprobado de manera unilateral. Artolazabal reprochó la ausencia de colaboración del Gobierno español, y que el Ejecutivo vasco lleva tiempo solicitando una reunión de la Conferencia Sectorial de migración que no se produce desde 2018.