La falta de interlocución fluida entre los gobiernos central y vasco ha vuelto a poner en evidencia la poca sintonía interinstitucional que existe en materias tan sensibles como la inmigración. Al menos esa es la radiografía que deja el primer gran choque del año que han protagonizado ambos ejecutivos. ¿El motivo? La licitación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la creación de un centro de acogida internacional para personas refugiadas en Vitoria. Un proyecto que ha despertado serias reticencias en Lakua y que incluso ha llevado a la consejera Beatriz Artolazabal a remitir una carta al ministro del área, José Luis Escrivá, para mostrarle su más profundo rechazo a la iniciativa.

Entre acusaciones de «unilateralidad» y falta de encaje con el modelo vasco de acogida, desde el Gobierno Vasco no esconden su malestar por la manera de proceder del Ejecutivo central y, sobre todo, por tratar de poner en marcha un proyecto en Euskadi sin que desde Lehendakaritza se tuviera conocimiento de ello. Un ‘modus operandi’ al que recurre en numerosas ocasiones Moncloa según han lamentado en muchas ocasiones desde Vitoria y que amenaza con agotar la paciencia del Gobierno autonómico.

En su misiva, Artolazabal muestra al ministro su «sorpresa» por la creación del macrocentro para refugiados, con capacidad para 350 personas y cuyas instalaciones presupuestadas en 14,1 millones de euros, se ubicarán en la antigua Residencia Arana de la capital alavesa. Además, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido a Escrivá información más detallada sobre las características del centro ya que, según lamentó ayer, se trata de un proyecto que en absoluto encaja con el modelo de integración que promulga el Gobierno Vasco.

La consejera recalca que el Gobierno Vasco «huye de macrocentros que pueden propiciar la guetización» de migrantes
«Nuestro modelo apuesta por la integración social, huyendo de macrocentros que pueden propiciar la guetización», defendió Artolazabal. Para ello, citó como referentes los recursos gestionados por diferentes entidades sociales en Oñati, Tolosa y Berriz, con 170 plazas disponibles, además de otros programas que dan cabida en pisos particulares del Ejecutivo vasco a los refugiados. «Es un proyecto que no compartimos desde el punto de vista del modelo vasco de migraciones que estamos impulsando: un modelo individualizado en cuanto al tratamiento de las personas», insistió la consejera, que criticó haberse enterado por los medios de comunicación del proyecto que busca impulsar Madrid.

En realidad, Artolazabal y Escrivá mantuvieron un encuentro a finales del año pasado y, según fuentes consultadas, el ministro le trasladó la intencionalidad del Gobierno central de reforzar con más plazas los centros que ya gestionan desde su competencia. Pero ni rastro de la creación de un nuevo centro «masificado» para refugiados. Y mucho menos, dicen, que se estuviera gestionando ya su licitación. De ahí el enfado, que también ha mostrado en público el portavoz Bingen Zupiria el proyecto «no casa» con el modelo vasco de acogida», dijo el martes, así como el PNV y el alcalde de Vitoria. «No comparto ni el fondo ni la forma. Es una decisión absolutamente unilateral del Gobierno del Estado y no es la forma de trabajar», lamentó ayer Gorka Urtaran.

El traspaso de la competencia
En el trasfondo de este choque, además, se cuela la exigencia del Gobierno Vasco para asumir el traspaso de la competencia de Inmigración, para así poder desarrollar políticas propias en esta materia y así no verse supeditado a Madrid. Con el foco puesto, sobre todo, en facilitar el acceso al trabajo de los inmigrantes y refugiados que lleguen a los tres territorios vascos.