El centro internacional de refugiados que el Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a levantar en el recinto de la antigua clínica (y luego residencia) de Arana ha abierto una nueva grieta entre el PNV y el PSE-PSOE, socios en las principales instituciones vascas. El proyecto que permitirá acoger a 350 personas que sufren persecución política o huyen de países en guerra, recibía en las últimas horas una andanada de críticas con marchamo jeltzale en sintonía con el rechazo que ya exhibió el lunes el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran.

Tanto el diputado general, Ramiro González, como el portavoz del ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, han mostrado este martes la misma desafección con la iniciativa de Madrid. Y se han servido de la misma carga argumental –dejando escaso margen a la ambigüedad– para concluir en una demanda en bloque: que se avance de forma decisiva en la transferencia a Euskadi de las competencias en materia de inmigración.

La ofensiva del PNV se ha trasladado incluso al Congreso y al Senado. El diputado Iñigo Barandiaran y la senadora Nerea Ahedo han registrado en ambas cámaras una batería de preguntas en las que exigen explicaciones al Gobierno de Sánchez sobre la construcción del que definen como un «macrocentro» que «choca con el modelo vasco de acogida y asilo». Además de requerir una confirmación oficial de las intenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, le exigen precisión sobre los avances que se hayan podido producir hasta la fecha ya que en el transfondo de esta polémica está la «unilateralidad» con la que habría actuado el Ejecutivo central. Le afean una nula comunicación con Lakua.

Los jeltzales demandan, de partida, «¿qué información se ha facilitado a diferentes entidades e instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre esta iniciativa, y si se ha hecho de modo fehaciente?». También si el Gobierno podría concretar «las negociaciones entabladas a dicho propósito y con qué entidad pública o institución». En la misma línea, el PNV exige conocer los criterios que han llevado al Ministerio a «determinar la necesidad de un centro de estas características en Vitoria» e incluso si los costes (de rehabilitación del edificio y de puesta en marcha del servicio) que han trascendido son verídicos.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha licitado el proyecto constructivo y de ejecución de obra por un importe de 982.010 euros y la financiación global de las obras se calcula en 14,1 millones de euros. «¿Puede informar el Gobierno si se ha dado traslado de dicho proyecto técnico a cualquier entidad pública o institución de la CAPV?». Es la última de las cuestiones con las que se ahonda en el carácter «unilateral» que el Gobierno vasco denuncia sobre el proyecto.

El edificio es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social. Con lo que la capacidad de acción de las tres instituciones presididas por el PNV es hoy muy limitada. De ahí que ni el alcalde, ni el diputado general de Álava o el portavoz del equipo de Iñigo Urkullu, pudiera deslizar siquiera –más allá de reclamar diálogo– la posible adopción de algún tipo de iniciativa institucional que frene la puesta en marcha de este servicio. Será el primer centro de refugiados que se levantará en Euskadi (entrará en funcionamiento en 2024) y funcionará como los otros cuatro operativos en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla).
«No parece que un centro para 350 personas pueda prestar la atención que necesitan y que queremos dar (a estas personas) en Euskadi», lanzaba Ramiro González por la mañana en su habitual comparecencia semanal. El responsable de la institución foral, que tiene entre sus competencias la gestión de los Servicios Sociales, criticaba fondo y formas de un proyecto que, deslizó, considera inadecuado para «dar la atención individualizada, personalizada, que los refugiados merecen».

Remarcó esa idea en al menos tres ocasiones haciendo especial hincapié en la necesidad de «dar acogida a un número importante de personas refugiadas» y en que «Euskadi se caracteriza por ser tierra de acogida; hacemos gala de ello. Pero esa atención –continuó- ha de facilitarse en las debidas condiciones, de manera individualizada».

González también ha dejado entrever su malestar con el hecho de que un proyecto de estas características se pretenda llevar a cabo de forma unilateral, sin un diálogo y coordinación previa entre todas las instituciones implicadas. Y en un contexto político muy concreto. «Existe una demanda que está encima de la mesa para que la competencia de Migración pueda ser transferida a Euskadi y esa demanda casa muy poco con la decisión de (poner en marcha) un centro de manera unilateral», ha remarcado González.

El ‘no’ de Lakua
Los mismos argumentos ha empleado el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia posterior. Ha advertido que el centro de acogida de refugiados «no casa bien» con el modelo de integración que promueve el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, apremiando a Madrid a que se transfieran a Euskadi las competencias en materia de inmigración «en función» de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979.

El portavoz del Ejecutivo vasco también ha subrayado el compromiso de Euskadi con la acogida y asistencia a quienes son perseguidos por regímenes autoritarios o huyen de zonas de conflicto ha recordado «los esfuerzos» de distintas instituciones vascas en la acogida de refugiados de Siria y Ucrania. «El propósito es ofrecer la mejor acogida posible a las personas que tienen que huir de sus lugares de origen por razones de violencia o por la imposibilidad de desarrollar en ellos una vida normal».

Una labor que planteó se realizaría de forma más conveniente con la transferencia a Euskadi de las competencias en materia migratoria. Una demanda que ya fue planteada a finales del año pasado por el lehendakari al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que en los últimos meses le ha sido reiterada al Gobierno central por las consejeras de Justicia, Beatriz Artolazabal, y Autogobierno, Olatz Garamendi.

«Sería importante que se pudiera concretar de qué manera podemos abordar la inmigración en la Comunidad Autónoma Vasca con la negociación y aceptación de esta propuesta; y a partir de ahí, articular políticas diferentes de acogida para los refugiados», ha añadido.