Madrid – Las críticas a la gestión de la política migratoria del Gobierno
vinieron ayer desde todos los frentes un día después de que los datos
dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística destaparan que en
España hay más de 800.000 inmigrantes en situación ilegal. Y eso un año
después de que se haya abordado la mayor regularización que jamás ha
habido en España.
   La secretaria de Estado de Inmigración,
Consuelo Rumí, puso en duda la exactitud de los datos aportados por el
órgano estatal estadístico por excelencia y pidió al INE en una entrevista
a Efe que hiciera una estadística «más ajustada» a la realidad de los
extranjeros que viven en España, no sólo de los empadronados. Al mismo
tiempo restó «rigor y crédito» a las cifras de irregulares extraídas al
cruzar los datos de inmigrantes empadronados y los que tienen papeles, la
única vía de tener una idea aproximada de cuántos «sin papeles» hay en
España. «Es especulativo porque se comparan dos bases de datos de
naturaleza diferente», dijo.
   Las cifras de irregulares, que
vienen a ratificar las que venían manejando ONG y sindicatos hasta ahora
fueron interpretadas por algunos analistas, como Juan Iranzo, director
general del Instituto de Estudios Económicos, como una confirmación de que
el proceso de regularización que llevó a cabo el Ejecutivo el año pasado
«ha creado un efecto llamada». Incluso apuntó que la cifra de
indocumentados «podría ser incluso mayor de 800.000». En cualquier caso,
explicó que «el que haya extranjeros en situación irregular en España es
contraproducente para nuestra economía porque los indocumentados, por el
hecho de estar empadronados tienen derecho a educación y sanidad gratuita,
son receptores netos de asistencia social y, sin embargo, no cotizan». En
su opinión, y al ritmo que crece la economía española, «esta situación no
va a crear graves problemas, de momento, pero hay que establecer una
estrategia en política migratoria de tal manera que se establezcan cupos y
todo inmigrante en entre en España lo haga con un contrato de trabajo».
   Las ONG tampoco dan el aprobado a la política migratoria del Gobierno.
Hassan Arabi, presidente de la Asociación Solidaria para la Integración
del Inmigrante, se mostró convencido de la veracidad de la cifra de
irregulares que se maneja. Entre otras cosas porque «nosotros conocemos a
mucha gente que se ha quedado fuera de la última regularización y tenemos
constancia de que cada día entran muchísimos inmigrantes por los
aeropuertos, los Pirineos y por patera. Siguen llegando». Arabi cree que
una solución «humanitaria» sería abrir un nuevo proceso de regularización
para dar papeles a los que van llegando aunque «socialmente no estaría
bien visto por los partidos y por la sociedad española, porque generaría
alarma». De cualquier forma, «sea quien sea el partido que gane las
próximas elecciones, tendrá que abordar en la próxima legislatura una
nueva regularización».
   Álvaro Zuleta, director de la
Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica (Aculco), explicó que «es
complicado saber el número exacto de irregulares y nunca se sabrá el dato
porque el padrón no siempre es fiable. A día de hoy, muchos inmigrantes
aún no se atreven a inscribirse en los ayuntamientos porque tienen miedo
de que su nombre quede registrado en algún sitio. Hay pánico a las
deportaciones». El director de Aculco criticó la regularización del
Gobierno porque «no ha logrado el efecto que se pretendía: primero, porque
no hubo suficiente información; segundo, porque se creía que el empresario
iba a asumir la Seguridad Social de su trabajador, y no fue así. Los
extranjeros se creían que en España tenían las puertas abiertas para venir
a trabajar y luego se encontraron con un panorama muy distinto».
   Para el vicepresidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui,
Vladimir Paspuel, el segundo colectivo más numeroso en España, «la cifra
de irregulares es preocupante. Lo que lamentamos es que entre esos 800.000
y 1.000.000 irregulares hay muchos menores que están aquí porque sus
padres lo han decidido y tienen que cargar con esa lacra de
indocumentados, con todo lo que supone. Los datos ponen de manifiesto que
hay una falta total de acuerdo entre las administraciones y que no hay
política de inmigración, sino de partidos».
   El
portavoz de Inmigración de la Confederación Española de Policía (CEP)
alertó del caos de cifras facilitadas por el INE. «Ahora resulta que
tenemos 24.000 ecuatorianos menos, 65.000 colombianos menos, 16.000
argentinos menos y que también ha bajado el número de ucranianos,
dominicanos, venezolanos y argelinos. El primer caos que tiene el INE es
su directora.
   El año pasado se negó a entregar el padrón de
inmigrantes a la Policía para identificar a los ilegales y el INE no ha
corregido que los ayuntamientos de Cataluña no levanten su desobediencia
civil para que la Policía tenga acceso a los datos de los inmigrantes
irregulares empadronados».
   Difícil gestión. Maximiano Correal,
portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), cree que la inmigración
será uno de los problemas más difíciles de gestionar por los gobiernos en
las próximas décadas. «Por muy alta que esté la valla de Melilla, seguirán
intentando entrar porque el hambre lo puede todo. En una semana entran por
las fronteras como Francia o por el aeropuerto de Barajas el mismo número
de inmigrantes irregulares que en un año en pateras, pero esta entrada
ilegal no es visible, no alerta a los ciudadanos ni crea alarma social y
por ello requiere menos atención. Sin embargo, es mucho más peligrosa.
   La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acusó al Gobierno de
«improvisar» en materia de inmigración y denunció la «falta» de medios
técnicos y humanos para que los agentes puedan hacer frente al fenómeno de
la inmigración en la provincia de Cádiz. Hay «carencia de personal» en las
Centrales Operativas de Servicio, en las comandancias de Cádiz y
Algeciras, donde «prestan servicio por turno dos agentes, un guardia y un
suboficial». El sindicato lamentó que «en dos años de Gobierno socialista
no ha habido ningún avance digno de destacar».