Sin ninguna duda, las cosas no se ven igual en el Gobierno que en la oposición. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró que los cálculos publicados ayer sobre el número de inmigrantes ilegales carecen de crédito, porque «comparan dos bases de datos de naturaleza totalmente diferentes», como son el padrón y las tarjetas de residencia y de trabajo.

Las 2,8 millones de personas en posesión de una tarjeta de trabajo y de residencia no representan el conjunto de extranjeros que viven aquí legalmente, indicó la secretaria de Estado, ya que hay «muchos» que no lo necesitan: comunitarios, estudiantes, trabajadores transfronterizos y de temporada y asilados, entre otros. A ello se suma que en los cálculos «se habla de tarjetas en vigor y no computan las que están en proceso de renovación», dijo Rumí, quien añadió también que el padrón contiene duplicidades y aludió a que la inscripción no requiere de la presencia física del interesado.

Un razonamiento lógico, hasta irreprochable, aunque sorprende que ahora lo haga ella porque el PSOE, en la oposición, hacía los mismos cálculos que ahora critica. Consuelo Rumí, además, criticó al INE al sugerir a sus responsables que hicieran una estadística «más ajustada a la realidad» de los extranjeros que viven en España.
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