La tripulación del Aita Mari ha denunciado que el nuevo decreto aprobado en Italia el pasado miércoles «impide el salvamento en alta mar» de personas migrantes ya que establece la condición de «poner rumbo sin demora« al puerto de desembarco una vez realizado el primer rescate. Algo que, según el buque de Salvamento Marítimo Humanitario, afectará particularmente a los barcos de rescate grandes.

«Por las características de Aita Mari, no solemos estar más de dos o tres días con personas rescatadas a bordo y sin poner rumbo a tierra. En la última misión nos vimos obligados a permanecer 9 días porque no nos asignaban puerto y fue un sufrimiento tremendo para los hombres, mujeres, niños y niñas rescatadas, que suelen llevar una travesía muchas veces de meses o años donde han sufrido todo tipo de violaciones de derechos humanos», ha señalado a través de un comunicado Iñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario. «Este punto del decreto puede suponer un golpe a la flota civil de rescate».

Tal y como apuntan los tripulantes del buque, el Aita Mari suele hacer rescates simultáneos en periodos de 24-48 horas con botes que estén cerca y es posible que esta medida no le afecte, «pero hay embarcaciones grandes que están preparadas para estar alrededor de una semana realizando rescates. Lo que está claro es que esta decisión aumenta el riesgo de que haya pateras que queden desatendidas, es decir, más muertes de las personas que se ven forzadas a abandonar sus países», asegura.

«Si a esto añadimos que Italia ha pasado de dar puerto en Sicilia al continente, lo que supone varios días de navegación, está claro que quieren tener a los barcos entretenidos e impedir, de facto, que se hagan otros rescates».

Además, informan de que , en caso de no pedir puerto seguro tras el primer rescate, los capitanes se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros con posibilidad de una inmovilización administrativa de 20 días para la embarcación. «Este decreto es una trampa. Quieren dar formato legal a una actuación que impide el salvamento en alta mar. Todavía no sabemos hasta qué punto se puede vincular actuaciones en aguas internacionales a una sanción administrativa en territorio italiano, pero, desde luego, hay una intención clara de frenar nuestro trabajo de rescate cuando éste, es una obligación de los propios Estados, algo que incumplen sistemáticamente y que ha hecho que la sociedad civil nos organicemos para realizarlos nosotros».

La multa podría elevarse hasta los 50.000 euros, con la incautación del buque, a aquellos que no cumplan con el código de conducta y traten de entrar en aguas italianas sin la autorización debida por parte de las autoridades.

Finalmente, el decreto obliga a los capitanes a informar a los migrantes a bordo sobre la posibilidad de solicitar asilo para que el país de cuya bandera sea la embarcación se ocupe del proceso, algo que para Mijangos es «simplemente insostenible. Hay una circular y una serie de recomendaciones de ACNUR que establece que los barcos no son lugares adecuados y que no están acondicionados para hacer ningún tipo de evaluación de asilo. Ni hay intérpretes ni la tripulación está cualificada para recoger testimonios o valorar la vulnerabilidad de las personas rescatadas» ha dicho.

El Aita Mari ya está preparado para volver al mediterráneo central el próximo mes de enero y desde la organización quieren trasladar un mensaje muy claro: «por muchas trabas que nos pongan seguiremos peleando para que ni una sola persona que se ha visto obligada a huir de su país muera ahogada en el mar».