El Parlamento Vasco aprobó ayer una nueva Ley de garantía de ingresos e inclusión social, mediante la que se consolida y refuerza la actual RGI. Lo hará con el voto favorable de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, la abstención crítica de EH Bildu y el voto en contra de los siete parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox. La nueva Ley ha logrado por tanto concitar, y ésta es quizá una de sus principales aportaciones, mayor consenso que las reformas planteadas en 2011 y 2018: la primera salió adelante gracias únicamente a los votos de PSE y PP, mientras que la segunda decayó al no conseguir socialistas y nacionalistas el apoyo de ningún otro partido.

La aprobación de la nueva Ley de Garantía de Ingresos se produce en un contexto muy diferente al de aquellos años. A la mayoría parlamentaria de PNV y PSE se suma un escenario socioeconómico más favorable −pese al impacto de las dos últimas crisis−, unas cuentas públicas menos tensionadas y la puesta en marcha del IMV. A pesar de su deficiente diseño y su insuficiente desarrollo, lo que la aprobación del IMV ha supuesto para Euskadi es básicamente una considerable inyección de recursos económicos adicionales: tras años de dejación, el Estado se implica por fin en la financiación de las prestaciones económicas para la población no pensionista en Euskadi, lo que permite encarar en mejores condiciones los compromisos económicos que la nueva ley acarrea.

La aprobación de la ley se produce, por otra parte, en un contexto en el que el crecimiento del PIB y la mejora del empleo no son capaces de reducir las tasas de pobreza. Al contrario, desde el final de la crisis de 2008, los indicadores de pobreza y desigualdad no han dejado de crecer en Euskadi, al contrario de lo que ha ocurrido en la mayor parte de Europa. La razón de esta aparente paradoja se explica fundamentalmente por el menor crecimiento de los ingresos de la población con menos renta. En un contexto de crecimiento económico, la brecha entre una minoría pobre y una mayoría no pobre es cada vez mayor.

La ley se ha aprobado en un contexto en el que el crecimiento del PIB y la mejora del empleo no son capaces de reducir la pobreza
La afluencia de población inmigrante y la precarización de una parte de los empleos que el mercado de trabajo genera explican esta brecha creciente. A ello se une el incremento de los precios y la menguante eficacia del sistema de protección social, que, si bien contribuye a reducir de forma notable la pobreza, lo hace cada vez en menor medida. En ese contexto, resulta particularmente preocupante el incremento de la pobreza entre las familias con hijos y entre las personas inmigrantes, así como el creciente número de trabajadores pobres. Algo más de la mitad las personas pobres en Euskadi están insertas, aunque sea de forma inestable, en el mercado de trabajo.

Cabe pensar que el marco normativo que hoy se aprueba contribuirá a revertir esta situación. Si bien mantiene en lo esencial las características del sistema actual, introduce algunos cambios de calado. Así, la nueva RGI dará cobertura a un mayor porcentaje de la población, garantizará cuantías más elevadas −sobre todo para las familias con hijos− y se apoyará en un modelo de gestión más ágil, menos intrusivo y menos condicional. La nueva ley incorpora además otras mejoras, como la fijación trimestral de las cuantías, la restitución del carácter permanente de los estímulos al empleo, la eliminación del límite de dos unidades perceptoras por domicilio, la introducción de un mecanismo objetivo para la actualización de las cuantías máximas o las mejoras en cuanto a la prescripción de los cobros indebidos. También cabe hacer referencia a la mejora de las herramientas para la inclusión social o la creación de un órgano de evaluación e investigación independiente.

Es ilusorio pensar, en cualquier caso, que la RGI puede por sí sola erradicar la pobreza en Euskadi. Revertir la tendencia al incremento de la desigualdad exige reconstruir un tejido productivo competitivo y, al tiempo, inclusivo, basado en empleos de calidad y en la idea de trabajo decente. También requiere intervenir con mayor decisión en los mercados de empleo, vivienda o energía, y paliar la desventaja educativa que sufren buena parte de los niños y jóvenes vascos.

Junto a estas políticas predistributivas, es preciso reforzar la capacidad redistributiva del conjunto del modelo vasco de protección social, que no puede descansar exclusivamente en el sistema de RGI/IMV/AES. Para ello es necesario utilizar con decisión la fiscalidad como palanca contra la desigualdad y rediseñar los beneficios fiscales del IRPF −caracterizados por su regresividad−, así como ampliar las todavía insuficientes ayudas familiares y reforzar el papel de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social en Euskadi. Todo ello debe hacerse sin generar agravios comparativos en los sectores de la población que no se benefician de la RGI y traduciendo el consenso político en un mayor consenso social.