Con el avance del padrón municipal divulgado ayer por el Instituto Nacional de Estadística se pone de manifiesto que, más allá de la sorprendente falta de colaboración entre Administraciones para poder saber cuántos ciudadanos habitan realmente en España, la inmigración es un asunto que requiere ya de la mayor atención por parte de las autoridades españolas.


De los datos aportados ayer se puede deducir que hay una bolsa de casi medio millón de extranjeros no comunitarios –sin permiso de residencia– que para el INE no cuentan al no haber cumplido con la obligada renovación bienal en el padrón, pero a los que los municipios no han dado de baja. Al margen de ese
limbo censal
, durante 2005 se mantuvo un ritmo de aumento poblacional semejante al del periodo anterior, creciendo en 132.000 los españoles y en 154.000 los extranjeros residentes, sumando estos últimos 3,88 millones de personas, el 8,7% de la población. Esta diferencia en el crecimiento, según sean nacionales o no, tan determinante para el panorama sociocultural de los próximos años, es tan relativa como las cifras totales antes señaladas, hasta el extremo de que si aquel medio millón de no comunitarios continúa en nuestro país, el número de extranjeros habría crecido el año pasado cinco veces más que el de nacionales. Con todo, y a la vista de las cifras básicas que maneja el INE, más otras del Ministerio de Trabajo, la consideración más discreta ha de contemplar casi cuatro millones de extranjeros, que en la Seguridad Social representan el 9,3% de los cotizantes. Los datos, por lo que a la Comunitat se refiere, son todavía más llamativos: el número de extranjeros censados alcanza los 640.000, y suponen ya un 13% del total de la población. Esas cifras han adquirido una dimensión que, desde hace tiempo, reclama una gestión pública específica, potente en recursos y de amplio consenso político. Precisamente, a satisfacer esa necesidad parece dirigirse el Plan Estratégico de Integración aprobado hace un mes por el Gobierno.


Ni el multiculturalismo británico ni el integracionismo de iure, pero no de facto, del modelo francés han evitado a sus sociedades problemas que podrían reproducirse en nuestro país. Es preciso dejarse de tactismos políticos y contentarse con operaciones concretas, como el éxito laboral de la última regularización. Retrasar una política de Estado sobre inmigración es aumentar el riesgo de conflictos.