Un agente de la Guardia Civil se ha convertido en la primera persona condenada en España por difundir noticias falsas xenófobas. Publicó en su perfil de Twitter un vídeo falso que atribuía a un menor inmigrante no acompañado la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en China. Además, el agente incluía numerosas publicaciones xenófobas e informaciones deformadas o falsas sobre los inmigrantes en general, acompañándolas de símbolos como la cruz celta, que se utiliza frecuentemente en los ámbitos ultras, nazis y supremacistas. Todo esto reforzado a mayores con el lema del Ku Klux Klan de que hay que asegurar la existencia de la raza y un futuro para los niños blancos en España.

Por este hecho, el guardia civil fue condenado a 15 meses de prisión y multa de 1.620 euros. Sentencia decepcionante y poco ejemplarizante. Lo normal sería, a mayores, desde la Dirección de la Guardia Civil, abrirle un expediente y expulsarlo del instituto armado. Un funcionario público, además en este caso portador de armas, tiene que estar con la Constitución española y defender los derechos y libertades de todos, incluidos los que no son blancos y de su raza y religión. Es irritante que la Guardia Civil abra expedientes a agentes de diversas asociaciones profesionales que reclaman y exigen sus derechos, incluso metiéndolos en prisiones militares, y en este caso concreto se mire hacia otro lado.

Lamentablemente la tendencia de ciertos aires de extrema derecha en las fuerzas policiales europeas ha llegado también a España. Obviamente, no podemos suponer que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país son racistas en su estructura. Eso tampoco es cierto. Las acciones de extrema derecha no tienen cabida en los cuerpos policiales y si aparecen deben ser perseguidas con la máxima constancia y agotando todos los medios legales. Por ese motivo, todos los países tendrían que adoptar un paquete completo de medidas para evitar que las opiniones de extrema derecha se propaguen en las filas de sus fuerzas de seguridad. Si no, entramos en una espiral peligrosa de pérdida de confianza en las personas que velan por nuestra seguridad.