El plan del Gobierno británico de deportar a Ruanda a los inmigrantes sin papeles que lleguen al Reino Unido, es legal. Esa es la conclusión a la que llegó la Justicia británica, que en un fallo dado a conocer este lunes, detalló que «la propuesta del gobierno de reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda ha sido objeto de considerable debate público» y que «el tribunal ha concluido que es lícito que el gobierno reubique a los solicitantes de asilo en Ruanda» para que se «estudien sus solicitudes» allí «en lugar de en el Reino Unido».

Para los jueces, «la reubicación de los solicitantes de asilo en Ruanda es consistente con la Convención de Derechos Humanos sobre los Refugiados», así como con otras «obligaciones legales del gobierno, incluidas las obligaciones impuestas por la Ley de derechos humanos de 1998».

La intención del Ejecutivo de enviar a ese país a los inmigrantes que crucen de forma ilegal el Canal de la Mancha, incluso a los solicitantes de asilo, es una forma de, defienden desde el gobierno, disuadir a las personas migrantes de hacerse a la mar en una peligrosa travesía.

A la medida, que se anunció en abril de este año, se oponen organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y también muchos parlamentarios conservadores, e incluso el pasado junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo el primer vuelo con destino al país africano, aduciendo que ordenó la paralización de la expulsión porque las acciones del gobierno conllevaban «un riesgo real de daño irreversible».

Sunak se felicita por la decisión
El primer ministro se felicitó por la decisión y afirmó que esta política migratoria es una «posición de sentido común», que cuenta con el apoyo de «la gran mayoría del público», una declaración que choca con las encuestas, cuyos datos indican que gran parte de la población no aprueba esta medida tan estricta y está, en su lugar, a favor de otro tipo de decisiones, incluyendo la posibilidad de que quienes quieran solicitar el asilo puedan hacerlo desde territorio británico. Según una encuesta de la consultora YouGov, solo un 10% de los encuestados considera que el llamado «Plan Ruanda» es la mejor manera de lidiar con la crisis migratoria en el Canal, que este año han cruzado más de 44.000 personas, la mayoría en embarcaciones que salen desde las costas francesas.

«Celebro la decisión del Tribunal. Siempre hemos sostenido que nuestra política de Ruanda es legal, y me complace que se haya confirmado hoy», afirmó Sunak, y añadió que esta es «solo una parte de nuestro plan para abordar la inmigración ilegal». «La semana pasada, establecí un plan muy completo para evitar que las embarcaciones lleguen al Reino Unido», agregó, y puntualizó, eso sí, que «no va a ser fácil y no vamos a poder hacerlo de la noche a la mañana» pero se mostró confiado en que «con los pasos que expliqué la semana pasada, realmente podremos enfrentarnos a la migración ilegal, porque creo que lo que todos queremos ver, y lo que quiero ofrecer, es un sistema» en el que quien llegue al Reino Unido ilegalmente «no tenga derecho a quedarse, y podremos devolverlo a su propio país si es seguro, o a una alternativa segura como Ruanda».

Sin fronteras abiertas
También la ministra del Interior, Suella Braverman, mostró su satisfacción por el fallo, que aún puede ser recurrido, diciendo que su enfoque sigue siendo «avanzar con esta política lo antes posible» y advirtió que «estamos listos para defendernos contra cualquier desafío legal adicional». «Cuanto antes esté en funcionamiento, antes romperemos el modelo de negocio de las mafias y pondremos fin a estos cruces ilegales, innecesarios e inseguros». «El Reino Unido es un país amable y generoso que ha recibido a cientos de miles de personas a través de rutas seguras y legales», manifestó Braverman.

Los británicos «han abierto sus hogares a los refugiados, pero no quieren fronteras abiertas. Durante décadas, se les dijo que esto era inmoral y que sus preocupaciones y opiniones no importaban», dijo, pero «ahora que nuestros tribunales han confirmado la legalidad» de este plan, invito a la oposición a respaldarlo«, exigió durante una intervención en la Cámara de los Comunes.

Pero Yvette Cooper, responsable de Interior del Partido Laborista, calificó la política de «impracticable» así como «exorbitante y profundamente dañina».