Cuatro inmigrantes murieron en la madrugada del miércoles y otros 43 fueron rescatados en el Canal de la Mancha, en lo que pudo convertirse en una tragedia de dimensiones mucho más graves, según los datos provisionales de las autoridades británicas. Una treintena de los que salvaron la vida se hallaban ya en las aguas heladas al ser localizados. La lancha en la que viajaban comenzó a hundirse cerca de las costas inglesas de Dungeness, 48 kilómetros al oeste de Dover. Los equipos de salvamento del Reino Unido y Francia recibieron la llamada de socorro pasadas las tres de la madrugada, en una noche de intenso frío, con temperaturas que apenas rozaban los cero grados. La alerta dio paso a una operación de rescate a gran escala, con participación de efectivos de los guardacostas de ambos países, incluido un helicóptero de la marina francesa y barcos de pescadores que se hallaban en la zona.   

En la Cámara de los Comunes la ministra de Interior, Suella Braverman, recordó “el peligro letal” que implica tomar esa ruta, razón por la que el Gobierno “trabaja con tanto empeño para destruir el modelo de negocio de los traficantes, las bandas organizadas de criminales que tratan a los seres humanos como mercancías”. En la madrugada del 24 de noviembre de 2021, en un incidente similar, perdieron la vida 27 personas. Al menos 205 migrantes han muerto o desaparecido cruzando el Canal de la Mancha desde 2014, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la ONU.

El primer ministro, Rishi Sunak, había presentado la víspera del incidente un plan para endurecer las medidas contra inmigración ilegal. El esquema de cinco puntos comporta un incremento de más de 700 efectivos destinados a la vigilancia de las costas del Canal, equipados “con toda la tecnología disponible”, incluido el uso de drones de reconocimiento. Una nueva unidad de mando unificado vigilará las costas y englobará a miembros de la policía de fronteras, el Ejército y la Administración a fin de mejorar la coordinación.

Las autoridades británicas han constatado que buena parte de los que llegan cruzando el Canal proceden de Albania. Sunak anunció un acuerdo con el Gobierno de Edi Rama, el primer ministro albanés, para devolver a aquel país a quienes entren ilegalmente a suelo británico. Unos 13.000 de los 45.000 llegados en pequeñas embarcaciones en lo que va de año son albaneses y serán devueltos en cuestión de semanas a “su próspero y seguro país europeo”, según la descripción de Sunak. Un equipo dotado con un refuerzo extra de 400 empleados examinará y resolverá esas peticiones de asilo, que en su inmensa mayoría serán rechazadas. Al mismo tiempo, policías británicos serán asignados al aeropuerto de Tirana.

El ‘premier’ británico se comprometió además a despejar para finales del próximo año el atasco de peticiones de asilo pendientes de resolución. Hay actualmente unas 148.000 a la espera de respuesta.

Una nueva legislación hará más difícil la inmigración irregular. El proyecto, señaló el primer ministro, dejará “meridianamente claro y sin ambigüedades” que quienes entren ilegalmente no tendrán derecho a permanecer en el Reino Unido. A su llegada serán detenidos y devueltos lo antes posible a su país de origen o a Ruanda, a pesar de que tales propósitos vulneran la Convención de Refugiados de la ONU de 1951 de la que las autoridades británicas son firmantes.

La polémica deportación al país africano es de momento impracticable al hallarse pendiente de dos disputas judiciales que pueden prolongarse durante muchos meses. El primer vuelo fue cancelado el pasado mes de junio minutos antes de despegar. Ruanda, en todo caso, sólo cuenta con unas instalaciones con 300 camas disponibles, en un esquema muy criticado, de dudosa viabilidad y por valor de 120 millones de libras (140 millones de euros).