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Los datos provisionales de población empadronada en España que facilitó ayer el Instituto Nacional de Estadística concretan en cifras una sensación generalizada entre la ciudadanía: que el peso de la inmigración es cada vez mayor y que contribuye a un crecimiento demográfico que las alarmantes cifras de natalidad locales hacían cada vez más improbable. Según los datos recogidos hasta el 1 de enero del 2006, los extranjeros ya son el 8,7% de la población de España: 3,88 millones de un total de 44,39 millones. Y, lo que es más importante, el 78,9% de ellos tienen menos de 45 años: savia nueva para una población que avanzaba peligrosamente hacia el envejecimiento. Los beneficios para la economía española
y las arcas del Estado, sobre todo a largo plazo, son indiscutibles, pero no hay que olvidar el corto plazo y algo que no por incómodo se puede obviar: la desconfianza de los autóctonos, su temor a una invasión. En este sentido, toda la pedagogía que se haga para evitar recelos mutuos será poca.
Catalunya no es una excepción en el aprovechamiento
de la llegada de inmigrantes, que le ha permitido superar la famosa barrera de los sis milions: ya son más de siete,
el 12,2% de los cuales, foráneos. En el polo opuesto, Madrid
y Baleares pierden población, aunque la causa hay que buscarla en la aplicación de la última ley de extranjería, que ha borrado del padrón a 492.952 inmigrantes por no haber renovado su inscripción, un despiste que habría que aclarar.