Ante la nueva realidad social de Barcelona, con un continuo crecimiento de la inmigración en los últimos años, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda “evitar” la concentración de inmigrantes en guetos determinados barrios y reclama al ayuntamiento que actúe contra los pisos patera y garantice el acceso de los inmigrantes a viviendas dignas. Se trata de uno de los capítulos más destacados del documento Ciudad e inmigración, reflexiones para la buena convivencia, donde la síndica, Pilar Malla, se propone “avanzar en algunos derechos aún no reconocidos a la población inmigrante”.
En el informe, que hoy presentará Malla, y al que ha tenido acceso este diario, se hace un llamamiento al cumplimiento de los derechos y deberes por parte de todos los ciudadanos, sea cual sea su origen.
Sin embargo, además de enumerarse los que ya están reconocidos en el ordenamiento constitucional, se alude a derechos en cuya aplicación “se han producido limitaciones, bien por actitudes discriminatorias de personas o colectivos, o bien porque la Administración ha dedicado pocos recursos”.
Además, la Sindicatura se propone avanzar en los mencionados derechos aún no reconocidos y se plantean “como recomendaciones al conjunto de los ciudadanos deberes que, desde un punto legal no se puede exigir que se cumplan”.

COMPROMISO
Malla se comprometió a elaborar este estudio monográfico como parte de su plan de actuación. La defensora de los ciudadanos de Barcelona considera que la creciente presencia de inmigrantes afecta tanto a los recién llegados como a los que ya residían, por lo que considera que sus recomendaciones – – dirigidas a ciudadanos y autoridades – – son vitales para la convivencia.
Uno de los aspectos clave es el de la vivienda. En este sentido, la síndica emplaza a las autoridades públicas a garantizar el acceso a la vivienda, especialmente “a los que no tienen recursos suficientes” y detalla que el ayuntamiento tendrá que inspeccionar y sancionar “a los particulares o grupos que alojen a personas sin mínimas condiciones de higiene o salubridad con el fin de lucrarse”. También tendrá que facilitar "alternativas reales para que no se extiendan estos tipos de prácticas y promover “la creación de servicios de mediación en el acceso a la vivienda, especialmente de alquiler”.
En el documento se exige a la administración municipal que “se comprometa a la reducción de la concentración de personas en pisos sin condiciones dignas” y que vele para que todos los espacios “dispongan de cédula de habitabilidad”, a sabiendas de que cada vez son más los extranjeros que aceptan pisos no habitables o comparten techo con otras familias.

VIGILANCIA
Cabe destacar que entre las recomendaciones de Malla figura “evitar una excesiva concentración de población recién llegada en determinadas zonas porque puede comprometer seriamente las políticas de integración”. La propuesta llega tarde para determinados barrios de Ciutat Vella y Sants – Montjuïc, por ejemplo, donde la proporción de extranjeros es muy superior a la de otras zonas.
La no discriminación también debe primarse en los espacios de ocio y relación. Malla recomienda “facilitar el acceso de los inmigrantes a espacios y servicios idóneos para reuniones y actividades sociales” con objeto de “fomentar la convivencia”. Además, considera que sus tradiciones son compatibles con las locales, aunque incide en que hay que “respetar el descanso de los vecinos”.
Pese a carecer de valor jurídico, el documento se ampara en la legislación vigente y “va más allá”. La síndica anima a todos los ciudadanos, nacidos en la ciudad o extranjeros, a ejercer sus derechos y cumplir deberes de convivencia, especialmente en alusión al civismo y el respeto.
El informe de la Sindicatura distingue cuatro apartados de derechos y deberes: sociales (educación, salud, protección social), de libertad y participación, de obligaciones socioeconómicas y de relación con la administración municipal.