Bien que innecesariamente confusos, los datos de empadronamiento ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ratifican el avance imparable de la inmigración, hasta el punto de que se está difuminando en apenas un lustro aquella gran diferencia que conocíamos hace aún poco tiempo entre la tasa de población extranjera en los grandes países de la Unión Europea y en España. Aquí todavía no se observa, claro está, el peso que las segundas y terceras generaciones de población de origen foráneo ejercen en las sociedades de Gran Bretaña, Francia o Alemania. Pero la velocidad e intensidad del fenómeno inmigratorio español, sin parangón en Europa, está acarreando sus propios problemas de adaptación y encaje, aun en tiempos de bonanza económica.

Como bien apunta la secretaria de política social del PP, Ana Pastor, si se suman los 3,88 millones de extranjeros empadronados a los 492.000 no contabilizados por no haber renovado la inscripción en el padrón, el total podría llegar a 4.372.000. Restando los 2.738.000 con tarjeta de residencia en vigor, según datos del Ministerio de Trabajo a fecha de diciembre de 2005, nos encontraríamos con un total – impresionante – de 1.644.000 inmigrantes censados pero sin tarjeta de residencia, es decir, irregulares. Faltan por contabilizar los inmigrantes que ni siquiera están censados, llegados en los siete últimos meses, con lo que alcanzaríamos a una población foránea de unos cinco millones de personas, más del 10% del total.

Nadie se sorprenderá de este estallido, plasmado en nuestras calles y nuestras escuelas: sectores enteros como la hostelería dependen de la inmigración; los alumnos extranjeros escolarizados en primaria son, en muchos colegios, mayoría.

Esta situación no es ni trágica ni anecdótica: supone, sí, un cambio social y demográfico en profundidad, que se está produciendo demasiado deprisa porque este Gobierno ha hecho todo por atraer a muchedumbres del Tercer Mundo que encuentran aquí mayor tolerancia que en cualquier otro lugar de la UE. Cuando en Bruselas se convoca una cumbre sobre la crisis inmigratoria y dejan de acudir, ¡solamente!, los dos ministros españoles de Interior y Trabajo, hay que preguntarse si nuestro Gobierno no ha optado por un incomprensible pasotismo… Y la espada de Damocles de una futura crisis económica con esos millones de trabajadores precarios convertidos en parados sigue estando ahí, como lo está la necesidad de una política de integración apenas esbozada.