NO son presos, como los de la localidad más célebre del Guadalhorce, porque no han cometido delito alguno, sino una falta administrativa, equivalente a una multa. Igual que si fueran en el coche sin el cinturón de seguridad, temeridad por la que ahora a los españoles nos quitan tres puntos y nos hacen pagar.

Y, sin embargo, están privados de libertad. Para suavizarlo, lo llaman Centro de Internamiento, y a sus inquilinos, internos. Allí permanecen unos cuarenta días. A los menos, los deportan a sus países de origen. Los más salen por la puerta de atrás, a la calle, a buscarse la vida como antes de pasar por Capuchinos. Con un papel bajo el brazo que la mayoría no sabe ni leer, pero en el que se especifica que están obligados a volver a sus casas, en Nigeria, Colombia o Ucrania. Por su propio pie, igual que llegaron. Dicho lo cual, se suben a un autobús hacia otra ciudad española, a ser posible de las que no tienen centro de internamiento.

Ahora la policía ha constatado que detrás de los muros del viejo cuartel ocurren cosas. Las organizaciones humanitarias lo llevaban denunciando desde hace más de una década, tiempo en el que periódicamente han salido a la luz casos de abusos sobre los internos (no presos). Ni a la prensa ni a las ONG se les deja entrar a comprobar la situación humanitaria de sus instalaciones. Y tampoco hay sindicatos que denuncien públicamente la masificación en sus habitaciones – que no celdas – , como sí ocurre en la cárcel de verdad.