El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encontrado en el calvario por el que atraviesa a cuenta de la gestión de su departamento durante la tragedia de la valla de Melilla un apoyo inesperado. Con el casi todo el arco parlamentario —a excepción del PSOE— en contra, como quedó de manifiesto en su comparecencia de este miércoles en el Congreso, el titular de Interior se ha ganado el apoyo de gran parte de las asociaciones de guardias civiles por la defensa —sin fisuras— que viene realizando de la actuación de los agentes durante el salto masivo a la valla que se saldó con, al menos, 23 muertos.

No es un cierre de filas entorno al responsable de la cartera de Interior. Pero se han acercado posturas —que parecían irreconciliables— entre las asociaciones de guardias civiles con más representación y el ministro. Fuentes de Jucil, la mayoritaria entre agentes del Instituto Armado, reconocen a La Vanguardia que “por primera vez en años” están de acuerdo en los puntos principales de la versión oficial.

Eso sí, también los hay en los que difieren. Aunque estas diferencias tienen que ver más con problemas de que vienen de atrás —como la falta de efectivos y material en Melilla— que con la actuación que realizó la Guardia Civil aquel fatídico día.

“El ministro no miente”, explican las mismas fuentes, “cuando afirma que no murió ningún inmigrante en territorio nacional”. Esta tesis, hoy por hoy, ya solo es mantenida por Interior y la Guardia Civil. Hasta el Partido Popular se ha abonado a la teoría de que sí hubo inmigrantes fallecidos en España.

“El ministro no miente”, prosiguen, cuando dice que ningún agente omitió negó el auxilio”. Esta cuestión ha sido puesta en duda por recientes trabajos periodísticos en los que se llega a la conclusión que no se prestó la atención sanitaria que podría haberse dado.

Los guardias civiles consultados coinciden en que durante el momento de la avalancha de migrantes que trataban de cruzar las puertas del paso fronterizo, los agentes ya se habían replegado por lo que no tenían visión.

“El ministro no miente”, finalizan, “cuando asegura que las devoluciones en caliente fueron legales”. Lo cierto es que el titular de Interior se niega a llamarlas así y prefiere usar el término de rechazos en frontero. Pero en lo que coinciden es en que se realizaron en los supuestos que permite la ley —no con menores ni mujeres— y con la ayuda de miembros de la policía marroquí, como suele ser habitual en estos casos.