Los supuestos abusos de agentes de la Policía Nacional sobre internas del centro de extranjeros de la capital centraron ayer las comparecencias públicas de los miembros del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer sanciones «muy duras» para los policías si se confirma que cometieron abusos sexuales contra algunas de las inmigrantes en el módulo de mujeres.

Rubalcaba pidió cautela, prudencia y «respeto por la presunción de inocencia» de los inculpados, y señaló que, «de confirmarse algunas de las cosas que están apareciendo, se trata de un acto muy grave que merecerá y exigirá sanciones muy duras».

El ministro señaló que la actuación judicial se produce a raíz de una investigación del Cuerpo Nacional de Policía y añadió que «es la propia Policía la que, cuando se observan irregularidades, abre una investigación, y el fruto de esa investigación es la actuación judicial».

En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que «siempre que se produzcan estos episodios se procederá a que la ley se aplique con todo el rigor». «Ello significa respeto a la presunción de inocencia», pero también castigar «las culpabilidades si las hay», afirmó, y agregó que «el Estado de Derecho y la ley tienen que actuar con contundencia».

Decisión polémica

Mientras, en el ámbito judicial, tanto los abogados de la defensa de los agentes implicados como los sindicatos policiales criticaron ayer por «excesiva» la decisión de enviar a prisión a tres de ellos. Los letrados José Ignacio Francés y Pedro López aseguraron que en las fotos tomadas mediante un teléfono móvil no se apreciaba a ninguno de los acusados en actitud delictiva, sino simplemente cenando. Ya han solicitado el traslado a la prisión de Sevilla, donde existe un módulo para miembros de los cuerpos de seguridad.

Los abogados de los policías nacionales encarcelados recurrieron ayer los autos de prisión provisional dictados por la jueza y hoy presentarán el recurso del último de ellos. La solicitud se basa en que «no hay peligro de fuga, de volver a cometer un delito o de eliminar pruebas». «No se da ninguna de las circunstancias que marca la ley para meter a una persona en prisión provisional», dijo Francés. «Está totalmente injustificado su ingreso en prisión».

Por su parte, Jesús Ureña, abogado defensor de las seis denunciantes, que permanecen recluidas en el centro de extranjeros, aseguró que las pruebas y los testimonios «son consistentes» y negó las acusaciones de que con la denuncia pretendan «buscar papeles». «Si fuera así lo habrían utilizado mucho antes, no ahora», dijo. También rechazó que las jóvenes hubieran asistido voluntariamente a estos supuestos encuentros con los acusados, como se dejó entrever en la vista. A los tres agentes encarcelados se les acusa de abuso sexual, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos.