Los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal que utilizaba a mujeres con hijos menores de tres años para ocupar viviendas en Barcelona y Hospitalet simulando así una situación de vulnerabilidad que evitara ser desalojados, para después alquilarlas o venderlas a familias inmigrantes simpapeles.
El entramado criminal estaba formado por nueve personas, entre ellas los tres jefes de la banda, considerados por la policía catalana entre los más importantes dedicados a esta actividad delictiva en Barcelona, con la que habrían obtenido unos beneficios de 24.000 euros mensuales en los últimos cuatro meses.

Los Mossos atribuyen a esta banda la ocupación de doce inmuebles y otra docena de intentos en los últimos cuatro meses, aunque su actividad delictiva se remonta al 2020.

El modo de operar de la banda era siempre el mismo: los colaboradores «necesarios» contratados por los capos buscaban pisos vacíos propiedad de inmobiliarias vinculadas a entidades financieras y de bancos y, una vez localizados, los líderes de la organización subcontrataban a una mujer con un hijo, de entre dos y tres años de edad, para que ocupara la vivienda a cambio de unos 500 euros.

La mujer simulaba que residía en la vivienda y hacía llorar al niño detrás de la puerta si se personaba la policía para dar la apariencia de ser una familia vulnerable, según ha explicado en rueda de prensa este martes el jefe de la División de Investigación Criminal en Barcelona, el Inspector Josep Naharro.

Conocedores de que el desalojo era inviable a corto plazo al haber reflejado una situación de vulnerabilidad, la banda consumaba la ocupación y, al cabo de unos días, cuando la mujer y su hijo ya se habían marchado del piso ocupado, alquilaba o vendía la vivienda a una familia en situación irregular en nuestro país.

La organización criminal alquilaba la vivienda, en función de sus dimensiones, de manera parcial, es decir, por habitaciones a un precio de entre 200 y 500 euros por estancia, o entera, por entre 1.000 y 1.500 euros, aprovechándose de la dificultad de estas familias inmigrantes vulnerables de acceder a una vivienda por falta de papeles y que desconocían además que el piso había sido ocupado previamente.

En algunos casos, los delincuentes vendieron el piso recientemente alquilado a los inquilinos tras cambiar el paño de la puerta a unas terceras personas por un precio de entre 4.000 y 5.000 euros, y realojaban a aquellos en otro piso ocupado.

Asimismo, en algunas ocasiones, en concreto en tres veces en los últimos cuatro meses, los criminales negociaron con el legítimo propietario del piso ocupado la inmobiliaria asociada a la banca o el propio banco una indemnización de entre 8.000 y 10.000 euros para poder recuperar la vivienda, y si aquellos no tomaban medidas, volvían a ocupar el mismo inmueble para pedir otro pago.

En el dispositivo policial desplegado por los Mossos el pasado 15 de noviembre, la policía detuvo a nueve personas, entre ellas a los tres jefes de la banda y a otras seis personas subcontratadas por la organización: las tres mujeres que ocupaban con sus hijos las viviendas y otros tres hombres (el cobrador del alquiler, el que cambiaba el paño de las puertas y el que pinchaba el fluido eléctrico y/o del agua).

En estos momentos, los menores utilizados en la ocupación están viviendo con sus respectivas madres, a la espera de que la DGAIA pueda tomar medidas, después de que los Mossos pusieran en conocimiento de la Fiscalía de Menores estos hechos.

Naharro ha descrito a esta banda como una «red empresarial vestida de organización criminal» cuyo único fin era el ánimo de lucro, y sus integrantes están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, usurpación de bienes inmuebles y estafa, y algunos de ellos también de un delito contra la salud pública.