Mientras los socialistas franceses y sus aliados ecologistas y de extrema
izquierda siguen apostando por las regularizaciones masivas, los
conservadores quieren acabar con el modelo galo tradicional de puertas
abiertas. Amparado en la nueva ley sobre inmigración, que endurece los
criterios para instalarse en Francia, el titular de Interior y favorito
por el centroderecha en las presidenciales, Nicolas Sarkozy anunció que el
número de expulsiones pasará, en 2006, de 20.000 a 25.000. El problema de
los escolares «sin papeles» ha suscitado una masiva movilización de las
asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, con
iniciativas de impacto como el encadenamiento a las escuelas o el
apadrinamiento simbólico de los chicos susceptibles de ser expulsados. El
dirigente socialista Jack Lang cargó ayer contra el Gobierno: «Es
inaceptable arrancar a los niños de sus escuelas. Es inhumano y a la vez
absurdo, porque son jóvenes que aprenden la lengua francesa». Con la vista
puesta en facilitar la salida del país de todos aquellos inmigrantes que
no cumplen todos los criterios exigidos por la nueva ley, Francia ha
incrementado las ayudas económicas en caso de que los indocumentados se
acojan a la repatriación voluntaria. Un único adulto recibirá ahora 2.000
euros, en vez de 150, una pareja, 3.500, y 1.000 euros suplementarios por
cada hijo menor hasta el tercero, y después 500 por cada vástago
suplementario.