El Brexit se puede describir de muchas maneras, y una de ellas es una sucesión de trampas en forma de promesas que los conservadores tendieron en el bosque de la política y la economía de Gran Bretaña para “cazar” nuevos votantes, y así prorrogar su permanencia en el poder (para las próximas elecciones llevarán catorce años, un ciclo larguísimo).

Algunas de esas “trampas” (crecimiento económico, reducción de impuestos, aumento del gasto en sanidad y educación, firma de ventajosos tratados comerciales, eliminación de las regulaciones, simplificación del comercio…) son simples pedazos de queso para atraer a los ratones, o miel y arándanos para seducir a los osos. Pero una de ellas es un enorme agujero cubierto de maleza en el que cabría un elefante: la garantía de reducir la inmigración neta a menos de cien mil personas al año.

La economía necesita más extranjeros para poder crecer, y la falta de mano de obra es crítica en los servicios
Datos oficiales publicados ayer muestran que, en los doce meses de junio del 2021 a junio del 2022, esa cifra fue, por el contrario, de 504.000 individuos (1,1 millón de llegadas por 600.000 salidas), la mayor de la historia. La reducción de inmigrantes procedentes de la Unión Europea como resultado del Brexit ha sido neutralizada con creces por la llegada de 170.000 ucranianos, 76.000 hongkoneses y decenas de miles de afganos debido a las circunstancias en esos países, y la concesión de 277.000 visados a estudiantes (sobre todo de países asiáticos). Los alrededor de 40.000 solicitantes de asilo que han cruzado en patera el canal de la Mancha constituyen solo una pequeña parte del total, pero son el elemento más explosivo políticamente por lo que significa de falta de control de las fronteras.

“Recuperar la soberanía” y el “control de nuestras leyes y nuestras fronteras” fue presentado como uno de los objetivos fundamentales del Brexit, casi una certeza. Pero la realidad puede ser muy tozuda. Y seis años y cinco primeros ministros después del referéndum, tres de la salida oficial de la UE y dos de la firma del acuerdo comercial con Bruselas, Gran Bretaña se encuentra con que los objetivos políticos y económicos tiran de la cuerda en direcciones contrarias, hasta el punto de que en cualquier momento se puede romper. Por un lado, la mayoría de votantes en general (y la inmensa mayoría de los conservadores) piden menos inmigrantes, pensando, sea cierto o no, que crean presión sobre los servicios sociales y acaparan las viviendas de renta controlada. Pero por el otro, son cada vez más imprescindibles, por la pirámide demográfica y el envejecimiento de la población, para generar crecimiento económico y sufragar las pensiones. Cuadrar ese círculo le ha sido imposible a Cameron, May, Johnson, Truss y Sunak.

Truss, a pesar de sus delirios económicos, fue la más realista y honesta de todos en la cuestión migratoria, reconociendo la realidad de que el Reino Unido necesita más mano de obra, una admisión tóxica por las trampas del Brexit. En el propio gabinete, la ministra de Interior, la ultraderechista Suella Braverman, sigue insistiendo en reducir las llegadas a “decenas de miles” al año (objetivo ambicioso dado que ha alcanzado el medio millón), pero el titular de Finanzas, Jeremy Hunt, ha sugerido que el país necesita todavía más extranjeros. Un millón de personas ha abandonado el mercado laboral a raíz de la pandemia, y la marcha de europeos ha creado un agujero considerable en sectores como la hostelería, la agricultura, la restauración y los servicios en general. Los nuevos inmigrantes hacen otras cosas. Pero mientras Canadá se ha propuesto recibir un millón y medio de forasteros en los próximos tres años, la política oficial de Londres es todo lo contrario.

Uno de cada seis habitantes del Reino Unido ha nacido en el extranjero (un 40% de los londinenses), y un 14% son inmigrantes, la misma proporción que en Estados Unidos. A pesar de la reducción neta de ciudadanos de la UE, el número de rumanos ha aumentado en un 15%. El sistema de asilo se encuentra completamente colapsado. En el último año se aceptaron 73.000 solicitudes, pero las tramitaciones tardan más de tres años, y 143.000 casos se encuentran pendientes. Los lugares donde se mete a quienes llegan ilegalmente en patera equivalen a prisiones con condiciones higiénicas muy precarias. Como esos establecimientos están desbordados, las autoridades los albergan en hoteles baratos y pensiones de la costa del sudeste del país, algo que irrita sobremanera a los nativos.

El Reino Unido tiene un sistema de inmigración por puntos, para atraer mano de obra cualificada, y que los británicos ocupen los trabajos dejados vacantes por los europeos, algo que no ha ocurrido porque les sale más a cuenta demandar subsidios sociales. Le economía pide más extranjeros, pero el Brexit y la política quieren menos. El cazador se encuentra ahora con que tiene que atravesar el bosque, y está lleno de las trampas que él mismo ha puesto.