París – El ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, volvió a
demostrar ayer su aversión natural al discurso políticamente correcto, y
más en materia de inmigración: «Que las cosas queden claras: la vocación
de quienes no tienen papeles es ser devueltos a sus países de origen». Con
una mezcla de ductilidad y firmeza, el máximo favorito para suceder a
Jacques Chirac como jefe de Estado ha saltado la desierta palestra
mediática estival para resolver la polémica sobre las familias de
indocumentados en vías de expulsión que cuentan con hijos escolarizados en
Francia.
   Unas 20.000 familias extranjeras, según el dirigente, se
encuentran en esta situación y aspiran a obtener una de las
«regularizaciones humanitarias y excepcionales» prometidas por el
Ejecutivo. La estrecha vía para alcanzar la residencia exige cumplir seis
requisitos, entre ellos residir en Francia desde hace dos años, la
ausencia de relación del hijo con el país de su nacionalidad, la
«contribución efectiva de los padres a su educación» y la muy polémica
«voluntad real de integración», definida por las autoridades como el
«dominio» de los pequeños del idioma francés, la «seriedad en sus
estudios» y la «ausencia de alteraciones del orden público». Unas
condiciones que las autoridades escrutan a rajatabla: algunos jóvenes han
visto denegada su petición por haber suspendido la selectividad en la
reciente convocatoria, con una tasa de aprobados superior al 80 por ciento.
   El balance final vaticinado por el ambicioso ministro es que un 30 por
ciento de los demandantes obtenga el ansiado permiso de residencia al
término del verano, lo que supondrá abrir las puertas a unas 6.000
familias… pero también dejar fuera de ellas a otras 14.000. El Partido
Socialista contestó que el número de familias «sin papeles» con hijos
escolarizados es al menos el doble del estimado oficialmente.
   Sarkozy se ha enfrentado a la exigencia de regularización automática
del centroizquierda y a la exigencia de expulsiones del centroderecha y ha
convencido a la mayoría de los franceses con el pragmatismo de su
«solución caso por caso». «No tienen razón ni quienes piden la expulsión
de todo el mundo, algo extremadamente discutible desde el punto de vista
moral y humano, ni quienes reclaman la regularización total, injusta
porque trata de la misma manera a quien hace el esfuerzo de integrarse y a
quien no quiere hacerlo», terció el líder del centroderecha.
   Un 62 por ciento de los ciudadanos cree que este método, definido por el
titular de Interior como «de sentido común e interés nacional», es la
mejor manera de decidir qué familias pueden obtener la residencia, según
una encuesta publicada por el diario «Le Figaro». Sólo el 29 por ciento de
los ciudadanos desea una «regularización automática» de todos los
afectados. A escasos meses de las presidenciales, este debate ha permitido
observar la oposición frontal de derecha e izquierda en materia de
inmigración.