ENRIQUE SERBETO. CORRESPONSAL

BRUSELAS. Los programas europeos para control de fronteras que se va a poner en marcha en Canarias van a recibir más dinero, pero no todo vendrá para España, sino que habrá que repartirlo con los que se van a poner en marcha en Malta, un país que antes de esperar a escuchar críticas por su actuación en el caso del pesquero español cargado de inmigrantes sin papeles y recogidos como náufragos se apresuró a denunciar la situación de «crisis grave» en la que se encuentran.

Según el ministro maltés del Interior, Tony Borg, «en el primer semestre del año recibimos 1.200 inmigrantes, que para nosotros es lo mismo que si hubiesen llegado 400.000 a Alemania. Malta es el segundo país del mundo en número de emigrantes clandestinos per cápita». Claro, en Canarias se han recibido 11.000 en el mismo periodo, pero a estos efectos el archipiélago tiene siete islas y la Península es muy grande, de forma que el secretario de Estado español, Antonio Camacho, que asistió al Consejo de Interior y Justicia de ayer en representación del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, no tuvo más remedio que aceptar compartir con Malta el dinero que la UE va a dedicar para protección de fronteras. El vicepresidente de la Comisión Franco Fratini había logrado tres millones más de euros adicionales para las patrullas conjuntas, lo que permitirá prolongar hasta primeros de septiembre los trabajos en Canarias.

Los ministros hablaron como era de esperar del desagradable episodio del pesquero español, pero nadie quiso profundizar ni utilizarlo como arma arrojadiza. Fratini lo expuso como un «ejemplo de cooperación» y como muestra de lo que van a ser en el futuro situaciones de este tipo en las que los países miembros tendrán que compartir la carga de situaciones puntuales. Camacho contemporizaba diciendo que «se podría haber hecho mejor, pero se ha hecho bien» a pesar de que «el tiempo extraordinariamente corto en el que se han realizado estas operaciones».

Los observadores han notado que es el segundo consejo seguido al que no asiste el ministro Pérez Rubalcaba, que en realidad todavía no se ha estrenado en materia europea desde que ocupa el cargo. Antonio Camacho adelantó que «puesto que este se trataba de un consejo no decisivo» había preferido no asistir, aunque prometió que estaría presente en el de septiembre próximo, que se celebrará en la localidad finlandesa de Tampere. El formato de aquel consejo es precisamente de no toma de decisiones, sino que es una reunión informal para que los representantes de los países hablen sin protocolo de los objetivos de la presidencia finlandesa.

El ministro francés del Interior, Nocolas Sarkozy (que no estuvo tampoco en el Consejo de ayer al que en nombre de Francia asistieron el ministro de Justicia Pascal Clement y el titular de Administración Territorial, Christian Estrosi) volvió a criticar la política española e italiana de regularizaciones masivas. En su lugar, Sarkozy anunció que aceptará entre seis o siete mil excepciones en la política de expulsiones de los emigrantes en situación irregular, vinculando esta decisión al hecho de que tengan hijos escolarizados en Francia.