Una mujer se enfrenta a dos años de prisión por haber difundido noticias falsas sobre menores extranjeros. Lo hizo en junio de 2019 cuando, a través de redes sociales, publicó un vídeo en el que se podía ver a varios estudiantes gritar y lanzar papeles a su profesora dentro del aula. También como tumbaban varias mesas e insultaban y se burlaban de la maestra.

La grabación, de 45 segundos, corresponde a un colegio de Brasil, pero la acusada, R.M.M.C., con antecedentes previos por haber simulado un delito, aseguró: «Mando vídeo de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad como agradecen nuestra acogida».

Según indica el Ministerio público en su escrito de acusación, con la difusión de las imágenes, la mujer pretendía «asociar un comportamiento violento en las aulas con todos los menores no acompañados procedentes de otros países», con »manifiesto desprecio a la verdad» y de forma «masiva e indiscriminada», a través de todos los potenciales usuarios de Twitter.

Su intención, prosigue el fiscal, era «difamarles» al asociarles de forma generalizada con «actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado, desprestigiándolos con ello y contribuyendo de esta forma a despertar, potenciar o aumentar entre la población prejuicios y estereotipos contra este colectivo de personas, especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y animadversión social frente a ellos».

Señala así la acusación que las ‘fake news’ tienen gran presencia en internet, particularmente en redes sociales, y tienden deliberadamente a aprovechar momentos o incidentes de actualidad con fuerte impacto o conmoción social, aportando material audiovisual inveraz o tergiversado para hace creer a los receptores que están relacionados.

Por todo ello, el fiscal de delito de odio Miguel Ángel Aguilar sostiene que la acusada incurrió en un delito contra los derechos fundamentales, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas, por motivos de discriminación, con el subtipo agravado de difusión por internet. Pide para ella dos años de cárcel, así como 6.480 euros de multa, además de su inhabilitación para oficio en el ámbito educativo durante cinco años.

El juicio se celebrará el próximo 11 de abril en la Audiencia de Barcelona. Cabe recordar que, la pasada semana, un guardia civil aceptó una condena de 15 meses de prisión por el mismo delito, en una sentencia pionera en España por la difusión de ‘fake news’ contra un colectivo vulnerable: los menores extranjeros no acompañados.