Dos ministros coincidieron ayer en señalar que el peso de la ley caerá sobre los tres policías encarcelados el domingo si se confirman los abusos sexuales a seis inmigrantes del centro de internamiento de Málaga, aunque también pidieron que se trate el asunto con prudencia y se deje actuar a la Justicia. De forma paralela a la vía penal, se ha emprendido la disciplinaria: el director en funciones del establecimiento ha sido destituido y los agentes serán suspendidos de empleo y sueldo. Otros cuatro funcionarios están imputados por no haber impedido las fiestas nocturnas con alcohol, sexo, música y baile que han denunciado las extranjeras.

El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió de que los agentes «merecerán sanciones muy duras» si se confirman los cargos, ya que se trata de un «acto muy grave». No obstante, reclamó «cautela» y recordó que la investigación se ha abierto a instancias del propio Cuerpo Nacional de Policía, que detectó «irregularidades». Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, comentó que «siempre que se produzcan estos episodios se aplicará la ley con todo el rigor» y que «si existe algún tipo de responsabilidad, debe ser enteramente depurada».

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y subdelegado en funciones, Fernando Valverde, también destacó que se trata de «una situación detectada por la propia Policía» y calificó la reacción de «rápida, contundente y ejemplarizante». Detalló además que, «desde el punto de vista disciplinario», el director en funciones del centro de internamiento «ha sido automáticamente cesado» y se ha solicitado a la Dirección General de Policía «la suspensión de empleo y sueldo de los agentes, que evidentemente será ratificada». En cuanto a las denunciantes, aclaró que son testigos protegidos y están «a la espera de que se las llame para declarar», aunque quedarán en libertad si superan los cuarenta días de internamiento. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre este caso.

«Intereses oscuros»

Los abogados de dos de los policías presentaron ayer un recurso contra su encarcelamiento, argumentando que «no está justificado», y hoy hará lo propio el letrado defensor del tercero. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Maximiano Correal, alertó de posibles «intereses oscuros» tras las denuncias, al interpretar que puede tratarse de «una estrategia de las mafias para permanecer en España», y cuestionó por qué presentó la denuncia un abogado extranjero nueve días después de los hechos. Acerca de las supuestas imágenes en las que aparece uno de los policías descamisado y con una botella, Correal explicó que «en el centro no hay aire acondicionado» y que «el hombre está muy grueso para llevar la camisa cerrada», además de puntualizar que, según el abogado del agente, sólo se ve «una pizza».

La federación de asociaciones de ayuda a los inmigrantes Andalucía Acoge ha solicitado personarse como acusación popular en el caso. «El consentimiento de las mujeres pudo estar viciado por la condición de superioridad del funcionario respecto a las presuntas víctimas, ya que parece que no hubo violencia o intimidación y sí un aprovechamiento de alguien que está bajo su custodia», argumentó el coordinador del equipo jurídico de la entidad.