Las patrullas conjuntas por aguas de Mauritania, Cabo Verde, Senegal y Canarias, en las que se encuentran comprometidos ocho socios comunitarios además de España, se iniciarán a comienzos de agosto, una vez salvados todos los obstáculos políticos y administrativos con los que ha topado la iniciativa. El último que se ha superado ha sido la autorización de Dakar para la entrada de buques extranjeros en sus aguas territoriales.

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que asistía ayer a un Consejo de Justicia e Interior de la UE en Bruselas, manifestó en rueda de prensa que la Comisión Europea ha podido garantizar el desarrollo de esta misión hasta finales de septiembre, gracias a un presupuesto de 3,5 millones de euros comprometido formalmente ayer por el vicepresidente comunitario Franco Frattini.

La puesta en marcha de patrullas conjuntas marítimas y aéreas en aguas del Atlántico oriental fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante una visita girada a la Comisión el 23 de mayo, en plena arribada masiva de cayucos y pateras procedentes de Mauritania y Senegal.

La iniciativa, que coordinaba la Agencia de Fronteras Exteriores de la UE (Frontex), formaba parte de un paquete de actuaciones aprestado por el Gobierno con el apoyo de la Comisión para hacer frente al fenómeno.

La piel del oso

Al final se ha demostrado, como tantas veces sucede, que la voluntad política se ve entorpecida por los ritmos de las cosas. En la rueda de prensa donde Fernández de la Vega y Frattini anunciaron las patrullas conjuntas no fue posible clarificar el área que sería cubierta en estas operaciones, ni el mandato de las unidades, y hoy se constata que esas dudas no fueron despejadas porque no estaban resueltas. Es decir, que se vendió la piel del oso antes de haber liquidado a la fiera.

El secretario de Estado manifestaba ayer que, en el consejo, la inmigración ilegal «es percibida como un problema a escala comunitaria», de lo que resulta el apoyo prestado a las acciones de Frontex en Canarias, que constituyen el «estreno» de la agencia.

El consejo analizó las últimas propuestas de Frattini para combatir la inmigración ilegal, aunque algunos socios comunitarios, como Italia o Malta, criticaron la escasa voluntad política de miembros de la UE, que hace que la aprobación de expedientes relacionados con este tema se eternice en el consejo. El ministro italiano del Interior, Giuliano Amato, reclamó la asunción del problema como una «responsabilidad colectiva».