España asegura que ya es un logro que se hable del problema, pero pide que se haga «autocrítica» en el caso del pesquero español en Malta Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, repetía ayer en Bruselas que por fin, tras un año de crisis, sus colegas de la UE han entendido que la inmigración es un problema «europeo». Sin embargo, la crisis del pesquero español en Malta ha demostrado, según sus socios mediterráneos, que la Unión se sigue desentendiendo.

En el debate público de la reunión de ministros de Justicia e Interior sobre la inmigración, los representantes maltés e italiano se quejaron de la parálisis que hubo en la UE mientras el barco español Francisco y Catalina, que rescató a 51 inmigrantes ilegales en aguas libias, estuvo esperando siete días sin que los socios comunitarios, más allá de la región, ofrecieran ninguna ayuda.

«¿Puede Europa mirar hacia otro lado cuando los cadáveres están llegando a nuestras costas como si fueran peces muertos en aguas contaminadas?», dijo con énfasis el ministro del Interior de Malta, Tonio Borg. «Seamos francos, éste es un asunto en el que pocos pensamos como europeos».

Mientras, los ministros del Interior maltés, italiano – Giuliano Amato – y griego – Byron Polydoras – lamentaban su aislamiento, demostrado en el caso de los 51 inmigrantes – repartidos finalmente entre España, Italia, Malta y Andorra – , el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Inmigración, Franco Frattini, daba la versión opuesta de los hechos.

Según él, la respuesta común tras el rescate del pesquero español «es el primer ejemplo concreto de reparto de cargas y responsabilidades en una situación particularmente acuciante».

Camacho, que acudió en representación del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba – quien, desde su nombramiento, aún no se ha estrenado en Bruselas – , repitió que hace sólo un año hubiera sido «impensable» un debate como el de ayer y alabó el interés por la inmigración ilegal en Bruselas. El secretario de Estado pidió, en cualquier caso, «autocrítica» a la UE y a los estados miembros, ya que su reacción para ayudar al Francisco y Catalina podía haber sido «más rápida y eficaz». La crisis, según Camacho, demuestra la necesidad de nuevos mecanismos europeos. «No podemos dar un mal ejemplo a los pescadores que se encuentren con un barco en mal estado y no sepan con qué apoyo cuentan de la UE», comentó.

La reacción rápida no parece ser la tónica comunitaria ni cuando los mecanismos se llaman así. La operación de asistencia y vigilancia en Canarias, organizada de urgencia por la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) tras la última crisis el pasado mes de mayo, cuando llegaron a las islas 647 sin papeles en un solo día, aún no ha sido desplegada. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el 23 de mayo en Bruselas que la misión de la UE llegaría en pocos días, pero más de dos meses después aún faltan las prometidas patrullas de barcos y aviones.

El director de Frontex, Ilkka Laitinen, aseguró ayer que la misión de vigilancia de las costas canarias, portuguesas y de tres países africanos – Senegal, Mauritania y Cabo Verde – contará con más fondos de los previstos, para incluir también una operación similar en Malta, con 5,5 millones de euros que durará hasta finales de septiembre.

Frattini culpó a España la semana pasada de los problemas burocráticos que retrasaban la operación, aunque después se retractó y alabó la cooperación del Gobierno español. Según Camacho, «en este momento todos los problemas han desaparecido». El último obstáculo para el despliegue, el permiso por escrito de Senegal para la vigilancia de sus costas, se resolvió el jueves pasado. Finalizado dicho trámite, sólo falta que España ponga una fecha a la llegada de los dispositivos de la operación, aseguró Frontex.