Pedro Sánchez no tiene la más mínima intención de entregar al cabeza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por la gestión de la tragedia que tuvo lugar en la valla de Melilla el pasado 24 de junio y en la que fallecieron al menos 23 personas, según Marruecos (72, según las ONG). Lo dejó claro anoche después de toda una semana sometido al cerco no ya del PP, que ha llegado a exigir el cese del responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de su propio socio de coalición que, junto a otros aliados del Gobierno, reclaman una comisión de investigación parlamentaria y más transparencia.

El presidente explicitó su mensaje de «solidaridad» y su elogio al «respeto escrupuloso a la legalidad» que ha demostrado, enfatizó, su ministro a lo largo de toda su trayectoria en una entrevista en La Sexta. El titular de Interior y el Gobierno, según se defendió, han ofrecido «toda la información disponible» a diferencia, opuso, de lo que hizo el PP con la tragedia del Tarajal de 2014 y vino a retar al arco parlamentario, a izquierda y derecha: «No tenemos nada que ocultar». El jefe del Ejecutivo, que volvió a culpar a las mafias de las muertes en Melilla, está dispuesto así a aguantar la presión en la esperanza de que, como ya ocurrió en otras crisis en las que el bloque de investidura se puso a la cabeza de la manifestación, el temporal amaine.

En la mente de muchos socialistas está el ‘caso Pegasus’ sobre el espionaje del Estado a activistas, periodistas y políticos independentistas, con el que llegó a ponerse en la picota a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sánchez acabó sacrificando a la directora del CNI, pero logró que Esquerra o EH Bildu fueran dejando morir el asunto sin cobrarse piezas políticas.

A Marlaska le persiguen ahora el informe del Defensor del Pueblo que sostiene que el 24 de julio se deportó ‘en caliente’ de forma ilegal a 470 inmigrantes; la investigación de la Fiscalía, que como la institución dirigida por Ángel Gabilondo, ha reclamado más vídeos sobre la tragedia al considerar que no se les ha remitido todo el material audiovisual; y las informaciones periodísticas que concluyen, contra su insistente versión, que hubo muertos y heridos en territorio español, algo en lo que coinciden varios de los diputados de la comisión de Interior en el Congreso que el pasado lunes visitaron la zona fronteriza de Melilla.

En el Gobierno, sin embargo, insisten que tanto a la Fiscalía como al Defensor se les remitieron ya en septiembre todas las grabaciones disponibles y que los «pequeños lapsos temporales» en las imágenes se deben a que en algunos momentos, bien el dron bien el helicóptero tuvieron que parar para repostar o cargar baterías,según el caso, o por cuestiones de seguridad del espacio aéreo. Asegura, además, que esto último quedará claro con las declaraciones de los operadores y los libros de vuelo de los que la comandancia de la Guarcia Civil de Melilla envió este jueves un primer avance.

LA CLAVE:
Dejar pasar el tiempo. El Ejecutivo confía enque la tormenta acabe disipándose como ocurrió con el ‘caso Pegasus’

Investigaciones pendientes. Los socialistas, molestos con sus aliados, piden esperar a la Fiscalía yal Defensor del Pueblo

Nuevo tono. La frialdad del presidente cuando en junio dijo que el asunto se había «resuelto bien» ha sido corregida