La crisis política en que ha derivado la muerte de decenas de inmigrantes en el paso fronterizo entre Nador y Melilla repercute ya en la cohesión del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que se tuvo constancia del alcance de la tragedia del 24 de junio, Unidas Podemos ha mantenido una posición muy crítica con los hechos que se han ido conociendo y con la versión ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los morados han reactivado junto a otros socios del presidente la exigencia de una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había manifestado lo mucho que le desagrada el drama humano vivido en la valla.

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Pero hoy el contexto es otro, con Grande-Marlaska en serios aprietos ante las últimas revelaciones que certifican que la avalancha llegó a suelo español, las renovadas apelaciones de Díaz escenifican ya la brecha en el Consejo de Ministros en un asunto extraordinariamente delicado. Desde Logroño, la número tres del Gobierno y compañera de gabinete del magistrado vasco vino a estrechar el cerco en torno a él al urgir «una profunda investigación» para «conocer con exhaustividad» las circunstancias en que acabaron muertos inmigrantes que intentaban pasar ilegalmente a territorio español. «He sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables», quiso remarcar Díaz, que no ha ido, con todo, más allá.