La acusación particular dice que se han aportado como prueba unas fotos hechas con el móvil de algunas de las internas
La titular del juzgado de instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho, dictó ayer prisión provisional para tres de los policías nacionales acusados de abusos sexuales a seis mujeres inmigrantes del centro de internamiento de extranjeros (CIE).

Otros cuatro funcionarios, a los que se les imputan los cargos de omisión del deber de impedir delitos, quedaron en libertad provisional con obligación de comparecencia en el juzgado.

El abogado que ejerce la acusación particular y que representa a las seis internas – de nacionalidad brasileña, marroquí y ucraniana- presentará un recurso de reforma contra el auto de libertad provisional de uno de los agentes, ya que considera que su no ingreso en prisión puede perjudicar la instrucción de la causa y, además, según el letrado, existe el riesgo de fuga.

A los tres policías encarcelados – dos de la plantilla del centro de internamiento de extranjeros y uno de una radiopatrulla- se les acusa de abuso sexual, delitos contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Una vez en la prisión de Alhaurín de la Torre, donde llegaron a primera hora de la mañana de ayer, se encuentran en el módulo de aislamiento, dado su carácter de funcionarios.

El secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Beaín, indicó que todos los funcionarios “niegan” las acusaciones que se les imputan. Criticó que el criterio, según él, para ordenar el ingreso en prisión de estos tres agentes haya sido “sólo la declaración de algunas de las internas, que dijeron que habían tenido relaciones sexuales con ellos”. “Es inaudito que se tome esa decisión teniendo en cuenta únicamente una declaración y sin ninguna prueba, sobre todo cuando esas personas, por decir algo así, pueden ganarse una residencia en España”, señaló Beaín.

Este dirigente del SUP, quien anunció que a partir de mañana se presentarán recursos de reforma contra los autos de prisión, aseveró que los agentes “están alucinados, porque no se creen lo que está ocurriendo”.

No obstante, el letrado de la acusación particular aseguró que la decisión de la juez se ha fundamentado “en las declaraciones de las testigos protegidas y de los agentes y en la aparición de tres fotografías tomadas por algunas internas con sus teléfonos móviles”.

En las inspecciones de seguridad que se realizan con carácter programado y habitual, se detectó que en uno de los turnos concretos de trabajo al parecer se llevaron a cabo estas presuntas actividades irregulares, como celebrar fiestas nocturnas con internas, en las que éstas pudieron haber llegado a tener relaciones sexuales con los funcionarios, según expusieron en la comisaría provincial, lo que motivó una “exhaustiva” investigación. Paralelamente, y en coordinación con lo que decida la autoridad judicial competente, la dirección general de la Policía (DGP) ha iniciado las correspondientes acciones en el ámbito disciplinario y ha relevado a los policías de sus puestos. Asimismo, explicaron que se decidió el cese del jefe de seguridad de esa unidad policial.

ONG como Málaga Acoge o la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes anunciaron, tras conocerse los hechos, que se personarán como acusación popular en este caso. Asimismo, solicitaron a la Subdelegación del Gobierno información de las presuntas víctimas para poder darles asistencia jurídica gratuita.

En el conocido como centro de Capuchinos, que depende de la girección general de la Policía, se encuentran hombres y mujeres inmigrantes en situación irregular que quedan retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. En el caso de no poder ser repatriados, quedan en libertad.