El 30% de los menores que se encuentran en los centros de protección de la Junta de Andalucía son inmigrantes no acompañados que han llegado de forma irregular a Andalucía, una nueva situación que ha provocado un desborde en la capacidad de la Administración autonómica por la que se ha pedido en numerosas ocasiones ayudas al Gobierno central y a la UE. De hecho, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, señaló que, antes del nuevo fenómeno migratorio, algunos centros específicos de menores estaban vacíos e incluso otros iban a cerrar, como el Manuel de Falla de Jerez de la Frontera (Cádiz). «No es una cuestión de falta de recursos sino de que hay muchos menores», defendió la consejera. / EUROPA PRESS