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MÁLAGA. Tres de los siete policías puestos a disposición judicial el sábado por realizar actividades «irregulares» con inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga han ingresado en prisión acusados de abusos sexuales a seis internas.

Tras prestar declaración, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho, dictó prisión provisional para los tres agentes (dos de la plantilla del centro y uno de un radiopatrulla), a los que imputa los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Además, la jueza dejó en libertad provisional a los otros cuatro agentes, acusados también de omisión del deber de impedir delitos.

El abogado de la acusación particular, que representa a las seis internas – de nacionalidad brasileña, marroquí y ucraniana – , anunció que va a presentar un recurso de reforma contra el auto de libertad provisional para uno de los agentes, puesto que considera que su no ingreso en prisión puede perjudicar la instrucción de la causa y además existe riesgo de fuga.

Los tres policías encarcelados se encuentran desde ayer por la mañana en la prisión de Alhaurín de la Torre, en el módulo de aislamiento dada su condición de funcionarios.

El secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Beaín, dijo que todos los agentes niegan las acusaciones y criticó que el criterio para ordenar el ingreso en prisión de los funcionarios haya sido «sólo la declaración de algunas de las internas, que dijeron que habían tenido relaciones sexuales con ellos». «Es inaudito que se tome esta decisón teniendo en cuenta únicamente una declaración y sin ninguna prueba, sobre todo cuando esas personas, por decir algo así, pueden ganarse una residencia en España», concluyó. Sin embargo, el abogado de la acusación dijo que la decisión del juez se basaba «en las declaraciones de las testigos protegidas, de los agentes y en la aparición de tres fotografías tomadas pos algunas internas con sus teléfonos móviles».

Por su parte, Izquierda Unida anunció que reclamará información sobre el caso al Gobierno central y a la Junta de Andalucía.