El cobro de «cuotas ilegales» en la concertada segrega al alumnado

Canarias 7, LUISA DEL ROSARIO, 01-11-2022

El cobro de «cuotas ilegales» por parte de los colegios concertados centros privados sostenidos con dinero público en referencia a las actividades extraescolares que ofertan estos colegios prácticamente como de obligatoria asistencia es una de las formas más extendidas se de segregación del alumnado y Canarias es la tercera comunidad, por detrás de Madrid y Cataluña, que más segrega al estudiantado. Así lo pone de relieve el estudio ‘Segregación escolar, desigualdades educativas y el modelo educativo de la derecha’ de la Fundación 1º de Mayo de CCOO. que presentó ayer en la capital grancanaria su autor, Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia.

«La mayor parte de la población de Canarias se concentra en Tenerife y Gran Canaria, y en concreto entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en la primera, y Telde y Las Palmas de Gran Canaria, en la segunda, y ahí es donde se concentran la mayor parte de los centros privados y privados-concertados. Durante la crisis la escuela concertada perdió alumnado, pero no financiación, señala el experto. La privada fue la que ganó estudiantes en Canarias porque para las familias es una forma de que sus hijos se sitúen al lado de alguien le busque un trabajo en el futuro», explica González de Molina.

La enseñanza «idiomática» es un marcador de distinción, y eso unido a «la posibilidad de hacer amistades» marca la diferencia. Un ejemplo típico, señala el autor del estudio, el caso de José María Aznar. Amigo en la escuela de Juan Villalonga, presidente de Telefónica cuando esta era pública y después al privatizarse. «El capital social, ese es el interés que había en quitar a los hijos de la concertada y llevarlos a la privada y eso se produjo en Canarias donde, aunque la élite no es muy grande, tiene una gran distancia socioeconómica y se autosegrega en sus propios colegios, con su propio vocabulario y vestuario».

El informe también señala que no solo hay una segregación por clase social, sino que se segrega al alumnado migrante, concentrándolo en colegios públicos, y al alumnado con necesidades especiales. «Este alumnado cuesta muchísimo dinero. Pongamos que tiene un problema serio de afasia o de movilidad, que requiera un aula específica, eso es una inversión bastante grande. Muchas concertadas no podrían sostenerse si hicieran el gasto. Hay que tener en cuenta que la concertada tiene mayores ratios que las públicas y sueldos más bajos porque de otra manera no salen los números», comenta el experto.

A juicio de González de Molina, aunque las comunidades podían haberlo hecho, ninguna salvo Cataluña intentaron revertir la segregación que propició la ley Wert. «No se ha aplicado en ninguna autonomía por falta de voluntad política» critica. En su opinión, los recortes y la reforma educativa del PP en los años de Rajoy tenían la intención de evitar que el alumnado más desfavorecido económicamente accediera a los estudios superiores. El ejemplo que aun sigue plenamente vigente se da en Madrid, señaló, donde el alumnado de la escuela pública tiene más posibilidades de repetir que en la escuela privada. «Falta personal y más inspecciones», admite.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)