Una juez de Málaga ordenó en la madrugada de ayer el ingreso en prisión incondicional de tres de los siete policías detenidos el sábado acusados de haber abusado sexualmente de mujeres inmigrantes acogidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital de la Costa del Sol. Todos los agentes implicados en el caso negaron las imputaciones.

La magistrada acusa a los funcionarios encarcelados – dos agentes adscritos al CIE y un policía de radiopatrulla – de agresión sexual y de delitos contra la integridad moral. Los otros cuatro policías detenidos quedaron en libertad, tres de ellos provisional con la obligación de comparecer ante el juzgado, imputados por omisión del deber de impedir delitos. La instructora considera que estos agentes no participaron en las violaciones, pero permitieron que sus compañeros abusaran presuntamente de ellas. El séptimo detenido, el jefe de turno del CIE, que ya declaró el viernes, quedó también en libertad, a pesar de que la defensa de las inmigrantes pidió una fianza de 12.000 euros.

Los tres policías encarcelados, que fueron interrogados durante la madrugada del sábado, ingresaron en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre a primera hora de la mañana de ayer. Están recluidos en un módulo de aislamiento para impedir agresiones, dado su carácter de funcionarios públicos.

Según fuentes de la investigación, las irregularidades habrían sido detectadas en una inspección rutinaria en el centro Capuchinos. Las inmigrantes supuestamente agredidas son seis mujeres de países del Este. Todas ellas, según su versión, habrían participado en fiestas y cenas con los implicados, que terminaban en orgías y relaciones sexuales con los agentes. La defensa de las extranjeras sostiene que, además de la declaración, las víctimas han aportado al Juzgado tres fotografías de las supuestas violaciones hechas con las cámaras de sus teléfonos móviles.

Impedir la expulsión

Los funcionarios implicados negaron tajantemente esta versión de los hechos. Según su testimonio, con sus «falsas denuncias» las mujeres tratan de evitar su inminente expulsión de España. Sostienen, incluso, que las inmigrantes llegaban a presentarse desnudas delante de los policías para «provocarles».

Los abogados de los acusados consideran «inaudita» la orden de encarcelamiento cuando, a su juicio, es «evidente» que las extranjeras sólo tratan de conseguir la residencia en España y únicamente cuentan con su testimonio como prueba. Por ahora, efectivamente, las órdenes de expulsión de las seis internas supuestamente violadas han sido paralizadas a la espera que se resuelva el caso.

La denuncia de las inmigrantes ha provocado una exhaustiva investigación interna de la Comisaría Provincial de Málaga, que terminó el pasado sábado con la puesta a disposición judicial de los agentes sospechosos. La Dirección General de la Policía, antes de que los funcionarios pasaran a disposición de la juez Sancho, ya había apartado del servicio a los implicados y ordenado el cese del jefe de seguridad de la unidad que custodia a los extranjeros.

Las organizaciones Málaga Acoge y la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes anunciaron ayer que se personarán como acusación popular en el caso. Ambos colectivos han pedido a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que proporcione abogados a las denunciantes y que paralice los expedientes de expulsión de otra veintena de extracomunitarias actualmente internas en el CIE de Capuchinos, que podrían ser testigos en esta causa.

El Sindicato Unificado de Policía, por su parte, dijo que ya había denunciado irregularidades en el centro de internamiento. El SUP agregó que no respaldará a «esos desalmados» si cometieron los actos de que se les acusa.