Parece que en Europa las derechas vuelven a marcar el paso. Con tantos ultras en su seno, esperemos que no sea el de la oca de tan nefasto recuerdo.

En consecuencia, el debate político parece girar alrededor de los temas recurrentes de la derecha económica, o sea, el mercado y la fiscalidad que tanto le interesa que asuma la derecha política, siempre a su servicio, al margen de las consecuencias que para la gran mayoría de los ciudadanos puedan producir.

No sé si, por ejemplo, la Sra. Meloni tiene mayores a su cuidado, pero estoy casi seguro que, de tenerlos, tendrá que recurrir a esas personas que constituyen un importante cupo de esos inmigrantes a los que tanto desprecia. Así sucede por aquí, como se puede comprobar simplemente con salir a la calle. Pues bien, en vez de reconocer esa y otras fundamentales funciones, parece que molestan. Por no hablar de esa constante cantinela de que ocupan el espacio y el tiempo de los servicios sanitarios públicos, les gusta vivir de la renta básica sin dar ni golpe y tienen más acceso a la vivienda que los naturales autóctonos. A mí, esa sensación de que les priva vivir en la pobreza, de la caridad y amontonados en casas patera me parece tan despreciable y obscena que aún no sé cómo se atreven a sentirla y exponerla en sociedad. No debemos olvidar que para esta Europa avejetada la inmigración será, y ya es, imprescindible.

Echo en falta que la respuesta a esa insidia sea una continua necesidad de justificar políticas sociales. Son tan absolutamente elementales para garantizar un mínimo de bienestar social del conjunto de la sociedad que, no hacerlas, sería indigno, poco inteligente e ineficiente. Y que, en vez de buscar la manera de integrar cultural, económica, social y laboralmente a esa inmigración, la derecha se dedique a descalificarla obviando que el pasado está lleno de experiencias similares de quienes tuvieron que emigrar de nuestra tierra, es lamentable.

Y encima, en un contexto de empobrecimiento generalizado derivado de las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis energética y de todo tipo que está produciendo.

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Parece que las instituciones tienen las manos atadas para intervenir en el mercado corrigiendo las demoledoras consecuencias de haber privatizado tantos servicios esenciales subordinándolos a ser elementos de negocio y beneficio en su titularidad y gestión. Ya fue asombroso que algunos preclaros socialdemócratas asumiesen esa ideología liberal en vez de evaluar la evolución de las nuevas necesidades del interés general, privatizando empresas públicas básicas hoy para la energía y el medio ambiente. Y me parece desolador que se acepte, e incluso se asuma, esa monomanía de la derecha de considerar la fiscalidad como un instrumento negativo para la gente, como si su aportación a las cargas públicas fuese una pérdida económica en vez de una contribución a mantener unas cotas de bienestar social absolutamente necesarias.

No se debate, hablando de fiscalidad, qué servicios públicos es conveniente y aún necesario mantener para garantizar una equidad social. Y en función de esas necesidades, establecer las políticas fiscales. Ni se adecúa la política económica a garantizar servicios que hoy son ya esenciales como los relativos a la energía y los imprescindibles para afrontar las consecuencias del cambio climático. ¿Acaso no existe la posibilidad de expropiar si el interés general lo exige porque la situación se vuelve insostenible?

Entramos en año electoral y parece que la carrera consiste en alegrar el oído ciudadano garantizándole que pagará menos impuestos. Pero la letra pequeña, la que no se cita, es la de las consecuencias: que si quiere sanidad o educación o servicios sociales, etcétera, serán de pago ante la merma de los servicios públicos. Y ya se sabe quiénes pueden afrontarlo.

Espero que seamos conscientes de lo que nos jugamos porque no será lo mismo si gobiernan Berlusconis que, bajo cierta cantinela de la libertad, defienden sus beneficios, sus negocios y los de sus amigos. A costa de lo que sea.