En junio, el Tribunal Supremo archivó la investigación sobre la tragedia de El Tarajal en la que se ahogaron 15 personas al ser rechazadas con medios antidisturbios cuando intentaban llegar a Ceuta. También a principios de junio la Comisión Europea alertó del riesgo de “hambruna catastrófica” por el ataque a Ucrania y de la posible crisis migratoria desde África hacia la UE. El 24 de junio, se produjo el asalto a la valla de Melilla. El ministro de Interior explicó, 90 días después, en sede parlamentaria, aquellos hechos, y aseguró que el intento “intolerable y violento” de 1.700 personas por cruzar la frontera, en el que murieron 23 personas, (o 37, ¡qué más da!), no había sido una “masacre”, sino el resultado de un operativo policial “oportuno y proporcionado” que, por cierto, permitió la “devolución en caliente” de 103 inmigrantes , que consiguieron cruzar hasta España. El Defensor del Pueblo, en octubre, ha asegurado que aquel día “no se respetaron las previsiones legales” en la devolución forzosa a Marruecos de al menos 470 personas. Las Cortes creen al ministro, nada más que investigar. Todo ha ocurrido según lo previsto.