En junio, el Tribunal Supremo archivó la investigación sobre la tragedia de El Tarajal en la que se ahogaron 15 personas al ser rechazadas con medios antidisturbios cuando intentaban llegar a Ceuta. También a principios de junio la Comisión Europea alertó del riesgo de “hambruna catastrófica” por el ataque a Ucrania y de la posible crisis migratoria desde África hacia la UE. El 24 de junio, se produjo el asalto a la valla de Melilla. El ministro de Interior explicó, 90 días después, en sede parlamentaria, aquellos hechos, y aseguró que el intento “intolerable y violento” de 1.700 personas por cruzar la frontera, en el que murieron 23 personas, (o 37, ¡qué más da!), no había sido una “masacre”, sino el resultado de un operativo policial “oportuno y proporcionado” que, por cierto, permitió la “devolución en caliente” de 103 inmigrantes, que consiguieron cruzar hasta España. El Defensor del Pueblo, en octubre, ha asegurado que aquel día “no se respetaron las previsiones legales” en la devolución forzosa a Marruecos de al menos 470 personas. Las Cortes creen al ministro, nada más que investigar. Todo ha ocurrido según lo previsto.