Las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) experimentarán el próximo año una importante subida de entre el 10% y el 49% como consecuencia del aumento del 8,5% anunciado por el Gobierno central en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sirve como base para el cálculo de la prestación vasca y sus complementos, y de la entrada en vigor de la nueva ley de RGI que el Parlamento Vasco prevé aprobar antes de fin de año y que ya contemplaba mejoras sustanciales en esta figura destinada a dar cobertura financiera a personas sin ingresos suficientes.

De este modo, y según las estimaciones realizadas por este periódico aplicando los nuevos criterios, la horquilla de ayudas irá desde un mínimo de 800 euros mensuales para una persona sola (10% más que los 727 actuales), hasta los 1.546,87 que percibirá una pareja con tres hijos menores a cargo, cantidad que supone un 49% más que los 1.033 euros que reciben este miércoles.

Y es que familias con hijos y pensionistas serán los principales beneficiados de la nueva regulación de la RGI que entrará en vigor en 2023 y que trata de ayudar más a los colectivos más vulnerables y a aquellos con dificultades especiales o imposibilidad de encontrar trabajo. Las ayudas para hogares con presencia de algún pensionista subirán entre un 21% (un miembro) y un 27% (tres personas siendo una de ellas pensionista), que verán complementados sus ingresos hasta asegurarse 934,10 y 1.327,40 euros, respectivamente. De las cerca de 50.000 personas beneficiarias de esta ayuda en Euskadi, en torno a 12.000 son pensionistas.

Otro colectivo que saldrá especialmente favorecido de los cambios que se avecinan son los jóvenes de entre 18 y 23 años independizados. En esta ocasión, en virtud del acuerdo alcanzado entre los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE, con Elkarrekin Podemos-IU.

Jóvenes emancipados
Si hasta ahora la edad de referencia para acceder a la prestación eran los 23 años aunque existen excepciones que permiten cobrarla a partir de los 18, desde el año que viene la edad base serán los 18, si bien habrá que cumplir determinados requisitos. El principal, además del general de disponer de ingresos insuficientes y encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditar de manera fiable que el beneficiario lleva un proyecto de vida independiente al margen de sus padres o tutores desde al menos 12 meses, y estar activo laboralmente, ya sea trabajando o inscrito en Lanbide buscando empleo activamente.La portavoz del grupo Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, y su compañero de grupo y negociador de la coalición, David Soto, calificaron este martes de «hito a nivel estatal» haber «conseguido rebajar a 18 años la edad de acceso a estas prestaciones». También el hecho de que para un joven emancipado vaya a ser suficiente para acceder a la prestación demostrar que busca trabajo desde hace un año sin necesidad de haber tenido que cotizar previamente.

Ambos pusieron en valor las aportaciones de su grupo al proyecto de ley que ya fue aprobado por el Gobierno Vasco en mayo y que durante su tramitación parlamentaria ha sumado por ahora el apoyo de la formación morada. PNV y PSE confían en añadir en los próximos días también a EH Bildu a un «acuerdo de país» en materia de protección social, a pesar de que nacionalistas y socialistas suman mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, por lo que podrían aprobar leyes como esta por sí solos.

Junto a la rebaja de la edad de acceso a la RGI, el acuerdo con Podemos-IU incorpora otros dos puntos clave: un mecanismo objetivo de actualización de las prestaciones y una rebaja de las exigencias de empadronamiento para los colectivos más vulnerables como refugiados, víctimas de trata, explotación sexual o violencia machista, entre otros, que no necesitarán llevar tiempo viviendo en Euskadi. A su vez, se reducirá a un año ese requisito para las familias con menores a cargo o mayores dependientes o con discapacidad.

Tasa de pobreza
Respecto a la fijación de las prestaciones, el pacto entre nacionalistas, socialistas y podemitas es la introducción de un mecanismo objetivo y tasado para la actualización de la RGI. Con la nueva regulación, las revisiones de las cuantías dejarán de depender de la decisión del Gobierno o el Parlamento de turno. Una vez se fijen definitivamente las cantidades para 2023, a partir de 2024 la RGI se actualizará teniendo en cuenta la previsión de IPC que establezca cada año la Ley de Presupuestos, con una salvaguarda: que la prestación deberá situarse siempre por encima de la tasa de pobreza, entendida esta como el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo.

Gorrotxategi, que calculó que este baremo situaría la RGI mínima en 803 euros para el año que viene, definió esta medida como «cambio trascendental en cuanto que las actualizaciones de la RGI dejan de estar al arbitrio del Parlamento Vasco».

Junto a estas tres cuestiones de calado, en el pacto se han articulado también de forma más clara los principios que llevarían a una suspensión cautelar de las ayudas. La formación morada considera que la incorporación expresa de estas condiciones ayudará a definir el campo de actuaciones, «evitando en lo posible que se produzcan suspensiones cautelares automáticas causadas por indicios». La medida también responde al objetivo de «minimizar» el riesgo de que haya perceptores que se queden sin cobertura por eventuales defectos de forma, «sufriendo así perjuicios de difícil o imposible reparación», defendieron los dirigentes izquierdistas.

El acuerdo también contempla un refuerzo de Lanbide, el organismo que gestiona la RGI, para lo que se apuesta por dotarlo de «personal suficiente y con formación específica, garantizando la efectividad del reconocimiento de los derechos de las personas perceptoras; implicando de forma activa a los servicios sociales; y garantizando su participación con un papel protagonista en el desarrollo del Sistema Vaco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social».

Por último, se abordan cuestiones relativas a las labores de inspección, haciendo más garantista esta labor desde el punto de vista de los derechos a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, o de las garantías de debido proceso en los seguimientos y evaluciones de la RGI.

Además de Elkarrekin Podemos-IU, también PNV y PSE se felicitaron del acuerdo alcanzado, del que aseguraron permitirá una nueva RGI que contribuirá no solo a que «más personas vulnerables estén más protegidas», sino que además estas tendrán »más oportunidades para salir de su situación».