Si hay un tema tabú en España desde hace muchos años, tanto con gobiernos de izquierda como de derecha, es el de las altas cifras del paro y la importante tasa de incapacidades laborales temporales existente; ambos datos muy por encima de la media de países de nuestro entorno y características similares. Si a ello añadimos la imposibilidad de encontrar personal en muchas actividades, es un tema que huele mal a distancia aunque, como es lógico, no se puede generalizar. Un problema que nadie quiere abordar.

Parece una cuestión de mentalidad: si en países del norte de Europa cobrar una prestación por desempleo es vista como algo extraordinario y no deseado, una situación puntual mientras se encuentra otro trabajo, en España se alarga hasta los confines del derecho, agotando la prestación. Que en muchos casos se complementa —como es público y notorio— con algunas chapuzas sin declarar para que la situación sea más rentable.

Como resultado de las altas cifras de desempleo se imponen muchas trabas a la entrada de trabajadores de países terceros, proceso que, con pocas excepciones, se convierte en una odisea para las empresas o autónomos interesados en hacerlo. Como reflejaban estas páginas hace unos días, lo sufre el sector pesquero, pero también otros muchos.

El problema es que entre la falta de control del fraude de las prestaciones, la actividad oculta generada y una menor cantidad de altas de cotización de las que sería posible el sistema no es sostenible. Si seguimos mirando para otro lado y no diseñamos una política de inmigración adaptada a las necesidades el resultado será más impuestos.