Bruselas – La inmigración marcará la agenda del último Consejo de Justicia
e Interior de la Unión Europea (UE) antes del receso estival. Una cita de
nivel ministerial, en la que España estará representada por el secretario
de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y la responsable de Inmigración,
Consuelo Rumí. Pero ningún titular de los ministerios implicados se
sentará a una mesa en la que se abordarán importantes aspectos de este
asunto. Bajo el título «Gestión de los flujos migratorios», el comisario
de Justicia y Libertades, Franco Frattini, presentará un nuevo paquete de
medidas destinadas a la inmigración legal y a la lucha contra los flujos
ilegales.
   La pasada semana, la Comisión Europea (CE) publicó sus
planes en materia de inmigración, que incluyen la creación de equipos
permanentes de intervención rápida ante futuras crisis migratorias. Dichos
equipos estarían formados por entre 250 y 300 expertos de los Veinticinco
y se crearían a petición del estado afectado en un máximo de diez días. En
una rueda de prensa, el responsable europeo de Justicia y Libertades
describió también otras iniciativas, como la fijación de reglas comunes en
la concesión de visados de corta duración que unifiquen las numerosas y
divergentes normas existentes en el mapa de la UE. Otras propuestas
abarcan la gestión electrónica de fronteras o la lucha contra el tráfico
de seres humanos.
   Regularización de inmigrantes. El Consejo de
mañana profundizará, además, en la cuestión de las regularizaciones de
inmigrantes ilegales. Tras las reprimendas que países como Francia y
Holanda lanzaron a España por el proceso masivo del año pasado, Bruselas
quiere desarrollar «un sistema común» para la admisión de inmigrantes
económicos que permita controlar «un flujo de trabajadores necesario para
cubrir las necesidades del mercado de trabajo en la UE». Asimismo, el
paquete de medidas comunitario sobre inmigración incluye la posibilidad de
sancionar a aquellos empresarios que contraten a «sin papeles», algo hasta
ahora desconocido.
   Primero fue en la cumbre informal de la Unión
Europea celebrada en Hampton Court (Reino Unido) el pasado otoño. Más
adelante, en el Consejo Europeo de diciembre de 2005, y desde ahí, se ha
venido repitiendo en la mayoría de los encuentros mantenidos por los
líderes de los Veinticinco. La inmigración ha pasado a ocupar un primer
plano en la agenda comunitaria y se ha convertido en un problema «común»
de todos los estados miembros, y no sólo de aquellos afectados más
directamente. Un planteamiento que, en ocasiones, sólo ocurre en la
teoría, porque hasta ahora no se puede decir que hayan planteado medidas
contundentes y mucho menos inmediatas para atajar el problema.
   Un
pesquero español rescató el pasado 14 de julio a 51 subsaharianos que se
encontraban en una patera a la deriva cerca de las costas de Malta. El
país, miembro del club europeo desde mayo de 2004, desautorizó el
desembarco de los inmigrantes en su puerto. El comisario europeo de
Justicia y Libertades hizo entonces un llamamiento a la «solidaridad
europea» e instó a todas las partes a buscar una solución. Tras una
larguísima semana de calvario a bordo del pesquero «Francisco y Catalina»,
el Gobierno español logra un acuerdo final por el que los inmigrantes
serán repatriados a España, Andorra, Libia, Italia y Malta. No obstante,
la vicepresidenta del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la
Vega, reconocía y subraya ayer que esta «respuesta no debía de haber sido
de España, sino europea». Un deseo que, mientras todo siga como está en
las leyes y en los compromisos comunitarios, no se convertirá en realidad.
   ¿Cuál fue el problema de las instituciones europeas? Las competencias en
materia de inmigración reposan en su mayoría en los estados miembros, que
son los únicos que pueden decidir sobre sus actuaciones o políticas
migratorias.
   Reforzar la cooperación. Situaciones como la del
«Francisco y Catalina» han demostrado la necesidad de reforzar la
cooperación entre los estados miembros. Ése será el argumento que
planteará mañana el comisario de Justicia e Interior a sus colegas
europeos, a los que informará también de su papel en la resolución de la
cuestión con el pesquero español. Como señaló su portavoz, Frattini ha
trabajado «intensamente» en la búsqueda de una salida.
   Si bien no aparece en la agenda de forma específica, el Consejo de
ministros de Justicia e Interior de la UE hablará de la avalancha de
inmigrantes ilegales a las islas Canarias. La Comisión planteará una
solución financiera para la misión operativa de la UE que vigilará las
costas de Canarias y África.
   La pasada semana, el Ejecutivo
comunitario criticó a España por los retrasos en la puesta en marcha del
plan de vigilancia en Canarias. En la reunión de este lunes también
participará el director ejecutivo de la Agencia de control de fronteras
exteriores de la UE (Frontex), Ilkka Laitinen, que informará sobre el
desarrollo de dicha misión.