La tragedia registrada el 24 de junio en la valla de Melilla, con una cifra de inmigrantes muertos que bascula entre los 23 admitidos por Marruecos y los 72 del cálculo de las ONG, continúa rodeada de interrogantes tres meses después. Sombras que atañen a la inadmisible falta de certeza sobre cuántas vidas se cobró la desbandada en busca de otro horizonte vital, un vacío agravado por la dificultad para poder identificar a los fallecidos. Los registros catastrales y geográficos oficiales sitúan el gravísimo incidente en suelo español mientras el ministro de Interior lo niega, con las eventuales consecuencias jurídicas que ello pueda llegar a conllevar. Y no se ha esclarecido hasta qué punto fue la avalancha, por sí sola, la que desencadenó el drama y hasta qué punto contribuyó al mismo la respuesta represiva de las fuerzas marroquíes. Nadie puede negar, a la luz de las terribles imágenes, la violencia del asalto de los subsaharianos. Pero el Gobierno español no puede escudarse en esta evidencia para no tratar de esclarecer, en paralelo, si mediaron excesos de los agentes desplegados.